La decisión de la Justicia argentina de otorgarle a Cristina Fernández de Kirchner cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, genera una profunda indignación y pone en evidencia un trato privilegiado que no se le concede a cualquier ciudadano.
Esta medida, lejos de garantizar igualdad ante la ley, abre la puerta a la sospecha de que la expresidenta podría aprovechar este plazo para evadir la justicia, buscando refugio en embajadas de países ideológicamente afines, como Brasil, Venezuela o Chile, donde gobiernos o sectores políticos cercanos podrían ofrecerle protección.
Mientras un ciudadano común enfrentaría una detención inmediata en circunstancias similares, a Cristina Kirchner se le concede un margen de maniobra que, en la práctica, podría permitirle eludir las consecuencias de sus actos. La posibilidad de que busque asilo en una embajada, como ya han hecho otros líderes políticos en la región enfrentados a procesos judiciales, no es descabellada. Países como Venezuela, con un historial de respaldo a figuras del kirchnerismo, o incluso Brasil y Chile, con gobiernos de izquierda que comparten afinidades ideológicas, podrían convertirse en un refugio para evitar la prisión.
Esta prerrogativa no solo socava la credibilidad del sistema judicial, sino que refuerza la percepción de que la justicia actúa con parcialidad, favoreciendo a los poderosos y permitiendo que la impunidad se perpetúe bajo el amparo de privilegios políticos.
Es inaceptable que, en un país que clama por justicia y transparencia, se permita este tipo de excepciones. La Corte Suprema, al confirmar la condena, dio un paso histórico, pero el Tribunal Oral Federal N°2, al otorgar estos cinco días, parece ignorar el riesgo de fuga o maniobras dilatorias. La justicia debe ser implacable y equitativa: si Cristina Kirchner es culpable, como lo ha determinado la sentencia firme, no debería recibir un trato especial que alimente la desconfianza en las instituciones y perpetúe la sensación de que la ley es flexible para los poderosos.
