Después de permanecer más de dos años en prisión acusada de haber instigado el homicidio de su pareja, una mujer oriunda de Mercedes será indemnizada por el Estado bonaerense con más de 126 millones de pesos. La resolución judicial llegó trece años después del crimen y reconoció los daños sufridos por haber permanecido detenida en una causa que concluyó con su absolución.
La protagonista del caso es Patricia Miriam Larroza, quien fue detenida en el marco de la investigación por el asesinato de Fabián Héctor Martínez, ocurrido en julio de 2013. En ese momento, la mujer fue señalada como presunta instigadora del crimen y permaneció privada de su libertad mientras avanzaba el proceso penal.
Sin embargo, cuando la causa llegó a la etapa de juicio oral, el escenario cambió por completo. Durante el debate surgieron elementos que desacreditaron la acusación inicial y dejaron en evidencia que había sido involucrada de manera errónea en el expediente.
Frente a la falta de pruebas que sostuvieran la imputación, la fiscalía retiró la acusación y el tribunal resolvió absolverla. De esa manera, Larroza recuperó la libertad luego de haber permanecido más de dos años detenida por un delito que finalmente se comprobó que no había cometido.
Tras quedar desvinculada de la causa penal, la mujer inició una demanda civil contra el Estado provincial al considerar que había sufrido un grave perjuicio como consecuencia de la prisión preventiva que soportó injustamente.
Ahora, la Justicia hizo lugar a ese reclamo y ordenó que la provincia de Buenos Aires le abone una indemnización de 126.800.000 pesos en concepto de reparación por los daños ocasionados durante el tiempo que permaneció encarcelada.
El caso tuvo origen el 5 de julio de 2013. Esa madrugada, Fabián Héctor Martínez había salido a retirar dinero de un cajero automático y luego regresó a la vivienda de su hija, ubicada en el partido bonaerense de Moreno. Horas más tarde volvió a salir junto a su yerno para comprar bebidas.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, al regresar se encontró con un grupo de jóvenes y decidió irse con ellos en su automóvil. Desde ese momento no volvió a ser visto con vida.
Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la vía pública con múltiples heridas de arma blanca. La víctima presentaba siete puñaladas y había sido despojada de sus pertenencias, entre ellas el automóvil, dinero en efectivo, el teléfono celular, la campera, la documentación personal y el calzado.
A partir de ese homicidio se inició una investigación que derivó en la detención de Patricia Miriam Larroza, aunque con el paso del proceso judicial se comprobó que no existían pruebas suficientes para sostener que hubiera participado en la planificación del crimen.
La sentencia que ordena la indemnización representa el cierre de un largo recorrido judicial que se extendió durante más de una década. Con esta decisión, la Justicia reconoció el perjuicio sufrido por la mujer como consecuencia de haber permanecido encarcelada durante más de dos años sin que pudiera demostrarse su responsabilidad en el homicidio.
El caso vuelve a poner en debate el impacto que pueden generar las prisiones preventivas cuando una investigación no logra acreditar la participación de una persona en el delito que se le atribuye, así como la responsabilidad del Estado frente a las consecuencias derivadas de una detención que posteriormente es considerada injustificada.
