La defensa de Martín Insaurralde presentó un pedido ante la Justicia federal para que el video donde se observa a Jesica Cirio manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El planteo central sostiene que las imágenes tendrían un origen ilícito y que no puede asegurarse su validez dentro del expediente.
El pedido fue elevado al juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y replica una estrategia ya utilizada previamente por la defensa de Cirio en la misma causa. En ambos casos, los abogados coinciden en que el material audiovisual habría sido obtenido a partir de un hackeo a dispositivos personales, lo que invalidaría su uso judicial.
Según el argumento presentado por la defensa del ex funcionario bonaerense, el video no cuenta con garantías técnicas que permitan establecer su autenticidad. En ese sentido, remarcan la ausencia de una cadena de custodia forense que asegure que las imágenes no fueron editadas o alteradas luego de su supuesta obtención.
Bajo esa línea, solicitaron la aplicación de la regla de exclusión probatoria, un principio que impide incorporar como evidencia material que no pueda ser verificado de manera fehaciente o que haya sido obtenido de forma irregular. Para la defensa, ese punto resulta clave para cuestionar la validez del archivo audiovisual que tomó estado público.
El video en cuestión muestra a Cirio manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor, hecho que generó impacto público y derivó en distintas medidas judiciales dentro de la causa que investiga presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A partir de su difusión, la investigación sumó nuevas actuaciones y análisis sobre el origen del material.
En paralelo, el juzgado ordenó allanamientos en el departamento de Insaurralde y realizó una inspección ocular en la vivienda de Cirio, además de un inmueble ubicado en San Vicente. En esos procedimientos se relevaron elementos vinculados al mobiliario y a los espacios donde supuestamente habrían sido registradas las imágenes.
En el avance de la causa también declararon dos efectivos de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023. Sin embargo, ninguno de los testigos pudo confirmar con certeza que el vestidor observado en el video coincida exactamente con el ambiente inspeccionado durante el operativo.
La discusión ahora se centra en la validez procesal del material audiovisual y en si puede ser considerado una prueba válida dentro del expediente. Mientras tanto, la investigación continúa bajo análisis judicial, con presentaciones cruzadas entre las defensas y nuevas evaluaciones sobre el origen de las imágenes y su eventual impacto en la causa.
