Por haber emitido una opinión técnica sobre el caso en 2021, el Procurador del Tesoro, Roldofo Barra, se excusó de intervenir en el juicio por la expropiación de YPF que se lleva a cabo en los tribunales de Nueva York.
La misma jueza que falló a favor de la Argentina en la causa por el cupón PBI, Loretta Preska, determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento de USD16.099 millones por la expropiación y recuperación por parte del Estado de la petrolera YPF, ocurrida en 2012, en respuesta a una demanda del fondo Burford Capital.
La excusación de Barra fue aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 283/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, ya que “ante una eventual actuación por su parte en dicho proceso podrían percibirse afectadas su independencia de criterio o su imagen pública".
El Procurador ya emitió una opinión técnica sobre el caso en calidad de experto en Derecho Administrativo argentino "a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N.º 3 de Madrid, Reino de España”.
El Ejecutivo consideró que “con el fin de garantizar la mayor transparencia e imparcialidad en cada uno de los actos de gobierno, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación por las razones expuestas como fundamento de su excusación”.
De esta forma, la defensa de argentina quedará a cargo del subprocurador del Tesoro, que deberá “reemplazar al Procurador del Tesoro en caso de ausencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia”, según determina la Ley 18.777 que regula al organismo. Actualmente, los subprocuradores son Andrés De la Cruz y Marcos Serrano.
Juicio por YPF
Los demandantes Burford Capital y Eton Park iniciaron el proceso legal por la forma en que el Estado nacionalizó YPF al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
La jueza Preska determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital, fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, que financió el reclamo desde el inicio de la demanda, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.
En septiembre de 2023, la Argentina fue condenada por la jueza federal a pagar USD16.099 millones. El Estado nacional se niega a abonar dicho monto y los intereses ascienden a unos 414 millones de dólares.
Los abogados demandantes pusieron en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China. Además, pidieron conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior.
Para Argentina, la demanda no debería hacerse en Nueva York
Para el Estado argentino, Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas nacionales.
Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta al respaldo de países latinoamericanos. Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como "amicus curiae" para defender soberanía jurídica.
