La investigación judicial sobre las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos que ponen bajo análisis el manejo de fondos destinados a insumos médicos y prestaciones para personas con discapacidad. Informes técnicos presentados ante la Justicia detectaron diferencias de precios de hasta 1.972% frente a valores de referencia de otros organismos públicos, además de posibles pagos duplicados y operaciones cuya entrega habría quedado sin acreditar.
La documentación fue elaborada por equipos vinculados al Ministerio de Salud y por el exinterventor de la ANDIS Alejandro Vilches, y posteriormente incorporada al expediente judicial. Los relevamientos analizaron distintas contrataciones realizadas por el organismo y compararon los valores abonados con adquisiciones similares efectuadas por entidades estatales.
Entre los productos observados aparecen prótesis, válvulas cardíacas, implantes cocleares, neuroestimuladores, sillas de ruedas y otros dispositivos médicos destinados a personas con discapacidad.
Los técnicos que participaron de los análisis señalaron que algunas de las diferencias encontradas resultan difíciles de justificar desde el punto de vista técnico. Las conclusiones forman parte de la documentación que ahora deberá ser evaluada por la Justicia para determinar si existieron irregularidades, responsabilidades administrativas o eventualmente delitos.
Los informes fueron realizados en dos etapas. El primero lleva fecha del 15 de octubre de 2025, pocas semanas después de que se conocieran los audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que dieron origen a una investigación sobre el funcionamiento del organismo. El segundo análisis fue firmado el 10 de abril de 2026.
Uno de los casos que aparece detallado en la documentación corresponde a la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El 8 de julio de 2025, la ANDIS pagó $425 millones a la empresa Farma Salud por una unidad de este dispositivo.
Para establecer un valor de referencia, los técnicos compararon esa operación con una compra realizada por el PAMI. El organismo previsional había adjudicado el mismo sistema a Siprotec SA el 25 de marzo de 2025 por $124,2 millones por unidad.
La comparación entre ambas adquisiciones permitió detectar una diferencia considerable en los valores abonados. El informe incorporado a la causa tomó esa operación como una de las referencias para analizar posibles sobreprecios en las compras realizadas por la ANDIS.
Las observaciones también alcanzaron otras operaciones vinculadas con Farma Salud. Según los informes, en la adquisición de endoprótesis y de una válvula pulmonar autoexpandible se encontraron diferencias que llegaron hasta el 711% en comparación con compras similares efectuadas por el PAMI.
Los técnicos remarcaron que las diferencias de precios no aparecen únicamente en una contratación o en un proveedor determinado. El relevamiento detectó situaciones similares en distintas categorías de insumos médicos, por lo que el análisis judicial busca determinar si existió un patrón en los procedimientos de adquisición.
Otro de los productos que quedó bajo la lupa fueron los implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta. De acuerdo con la documentación analizada, la ANDIS pagó un promedio de US$62.613 por cada unidad.
En una adquisición comparable realizada durante septiembre, el precio de referencia había sido de US$12.125 por implante. Los técnicos también utilizaron como parámetro un valor de mercado estimado en aproximadamente US$16.975.
A partir de esas referencias, el informe calculó una diferencia de US$45.638 por unidad respecto del valor de mercado tomado como referencia. El análisis señaló un sobreprecio del 269% en esa comparación.
Los implantes cocleares son dispositivos destinados a personas con determinados tipos de pérdida auditiva y forman parte de los insumos que pueden requerir cobertura mediante el sistema de salud y los organismos estatales encargados de garantizar prestaciones para personas con discapacidad.
La revisión también alcanzó a los neuroestimuladores implantables. En junio de 2025, la ANDIS adquirió un neuroestimulador bilateral a la empresa Neurosalud por $132,4 millones.
Como referencia, los técnicos tomaron una adquisición realizada un mes antes por el PAMI. En esa operación, el mismo dispositivo había sido comprado por $41,5 millones por unidad.
La diferencia entre ambos valores fue calculada en 219%. Al igual que en los otros casos, se trata de comparaciones incorporadas al expediente y deberán ser evaluadas dentro de la investigación para establecer las razones que pudieron explicar las diferencias de precio.
Además de los valores de los insumos, los informes pusieron la lupa sobre la documentación relacionada con los pagos. Una de las situaciones observadas corresponde a la empresa Indecomm, que durante noviembre concentró seis facturas emitidas a la entonces ANDIS.
Según el relevamiento, una de esas facturas, por un monto de $28,7 millones, habría sido abonada en dos oportunidades. La posible duplicación del pago quedó registrada entre las observaciones realizadas por los equipos técnicos y ahora forma parte de los elementos que analiza la Justicia.
La investigación también contempla operaciones vinculadas con insumos que, de acuerdo con la documentación presentada, no habrían llegado a sus destinatarios. En esos casos, el objetivo es determinar si las prestaciones fueron efectivamente realizadas, si los dispositivos fueron entregados y si existió documentación que respaldara cada contratación y desembolso.
El análisis de las compras resulta especialmente sensible debido a que los fondos involucrados estaban destinados a garantizar prestaciones y dispositivos médicos para personas con discapacidad. La ANDIS tiene entre sus funciones intervenir en políticas públicas vinculadas con este sector y gestionar distintos recursos destinados a cubrir necesidades específicas.
Por ese motivo, las posibles irregularidades detectadas no solo tienen una dimensión económica, sino también administrativa y sanitaria. La Justicia deberá determinar qué ocurrió en cada contratación y si las diferencias observadas respondieron a condiciones particulares de cada operación o si existieron maniobras destinadas a beneficiar a determinados proveedores.
Los informes incorporados al expediente no constituyen por sí mismos una condena ni determinan responsabilidades penales. Se trata de elementos técnicos que deberán ser contrastados con contratos, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, documentación de entrega y demás registros administrativos.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el sistema de compras de la ANDIS y el destino de los recursos públicos utilizados para adquirir insumos de alto costo. Las diferencias detectadas entre las operaciones del organismo y las realizadas por otras entidades estatales serán uno de los puntos centrales para determinar si existieron sobreprecios y cómo se justificaron.
Mientras avanza la investigación, los principales interrogantes estarán puestos en los procedimientos utilizados para seleccionar proveedores, establecer los valores de los insumos y acreditar la recepción de los productos. También deberá establecerse si los pagos observados fueron efectivamente duplicados y, en ese caso, si los fondos fueron recuperados.
La causa continúa así con nuevos elementos documentales que amplían el análisis sobre las contrataciones realizadas durante 2025. La Justicia deberá ahora avanzar sobre cada operación para establecer si las diferencias detectadas representan irregularidades administrativas, errores de registración o posibles hechos de corrupción.
