La Cámara Federal porteña resolvió reabrir la causa por injurias que el presidente Javier Milei promovió contra la ultrakirchnerista Julia Mengolini, en un fallo que revocó el sobreseimiento dictado en primera instancia y que marcó un límite claro entre la libertad de expresión y los ataques a la intimidad personal.
La decisión fue firmada por el camarista Pablo Bertuzzi, quien sostuvo que los dichos de Mengolini no podían encuadrarse dentro de asuntos de interés público vinculados a la función presidencial. En ese sentido, el juez consideró que las expresiones referidas a un falso vínculo incestuoso entre Milei y su hermana se adentraron en un plano estrictamente privado, constituyendo injurias ajenas al debate democrático.
El fallo dejó sin efecto la resolución del juez Sebastián Casanello, quien había sobreseído a la periodista al entender que sus manifestaciones se encontraban protegidas por la libertad de expresión. Para Bertuzzi, esa interpretación fue errónea. Según explicó, no todo discurso sobre una figura pública queda automáticamente amparado si carece de relevancia institucional o política.
En su resolución, el camarista señaló que si bien el escrutinio público sobre candidatos y funcionarios es legítimo y valioso en democracia, no puede utilizarse como excusa para invadir ámbitos de suma intimidad, en particular aquellos relacionados con la sexualidad o la familia. Ese tipo de acusaciones, sostuvo, no fortalecen el debate público ni aportan información relevante sobre el desempeño de un funcionario.
Los hechos que originaron la querella se remontan al 3 de mayo de 2023, cuando Milei aún era candidato presidencial. En una emisión del programa “Duro de Domar”, emitido por C5N, Mengolini afirmó que el entonces diputado estaba enamorado de su hermana.
Tras el fallo de la Cámara, Mengolini aún tiene la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal. En caso de que esa instancia confirme la decisión, la militante kirchnerista deberá afrontar un juicio en el juzgado de primera instancia.
El caso vuelve a poner en discusión los límites de la libertad de expresión y reafirma un principio básico del Estado de Derecho: la crítica política no habilita el agravio ni la injuria en cuestiones que nada tienen que ver con el interés público.
