La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos procesamientos por diferencias de precios que superan los $7.833 millones en compras de medicamentos e insumos médicos. El juez federal Ariel Lijo amplió la situación procesal del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y de otros acusados.
La resolución también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas y amplió las acusaciones contra cinco imputados que ya estaban bajo investigación. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS, y el empresario Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita. También fueron alcanzados Andrés Arnaudo y Federico Santich, considerados posibles integrantes de esa estructura.
El expediente apunta a determinar si existió un esquema organizado para direccionar contrataciones estatales y beneficiar a determinadas empresas proveedoras. Las operaciones investigadas corresponden al Programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura a personas que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con obra social.
Las diferencias de precios bajo investigación
De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, las diferencias detectadas ascienden a $7.833.872.357,24. El monto surge de dos relevamientos: uno sobre compras de medicamentos, con una diferencia estimada en $5.984 millones, y otro sobre insumos médicos, que identificó alrededor de $1.849 millones.
El análisis de los insumos comprendió seis categorías: elementos para amputaciones, productos de cardiología, implantes auditivos y audífonos, materiales de neurocirugía, sillas de ruedas y andadores, y productos de traumatología.
La Justicia aclaró que las cifras son provisorias y contemplan las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia. Por lo tanto, el perjuicio económico potencial podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas.
Entre las hipótesis que analiza el juzgado figuran el presunto direccionamiento de adjudicaciones, la simulación de competencia entre empresas y el uso de información privilegiada para favorecer a determinados proveedores.
Además, se investiga si parte de los beneficios obtenidos mediante esas operaciones habría regresado a funcionarios públicos y otros integrantes de la presunta organización. El expediente también incluye sospechas sobre la intervención de empresarios y personas que habrían participado en trámites administrativos y gestiones de pagos.
Los delitos investigados
Las imputaciones varían según la presunta participación de cada acusado. Entre los delitos contemplados aparecen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada contra la administración pública y lavado de activos.
En paralelo, el magistrado dictó la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas. Esto significa que, por el momento, no se reunieron elementos suficientes para definir su situación procesal y será necesario profundizar las medidas de prueba.
La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi, que deberá avanzar en el análisis de las contrataciones y las responsabilidades individuales.
Los procesamientos no representan una condena, sino que indican que la Justicia encontró elementos suficientes para sostener las imputaciones en esta etapa del expediente. Ahora, el proceso deberá establecer si existieron las maniobras denunciadas, quiénes participaron y cuál fue el eventual perjuicio para el Estado.
La causa mantiene el foco en el manejo de fondos públicos destinados a medicamentos y elementos médicos para personas con discapacidad, un área especialmente sensible por el impacto directo que estas prestaciones tienen en la vida cotidiana de sus beneficiarios.
