Siete exsenadores bonaerenses declararon como testigos ante la Justicia en el marco de la causa conocida como “Chocolates del Senado”, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de empleados de la Cámara alta provincial y el retiro de dinero mediante tarjetas de débito.
Las testimoniales fueron tomadas por el fiscal Juan Menucci, de la UFIJ 5 de La Plata. Los exlegisladores fueron consultados sobre el sistema de designación de personal y sobre los trabajadores cuyas tarjetas aparecen vinculadas al expediente.
Declararon Yamila Araceli Alonso, Agustín Maspoli, Marcelo Daletto, Érica Revilla, Joaquín de la Torre, Owen Mariano Fernández Farquharson y María Lorena Mandagarán, quienes pertenecieron a distintos espacios políticos, entre ellos la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.
De acuerdo con información vinculada a la investigación, ninguno aseguró reconocer a los presuntos “tarjeteros” ni pudo señalar quién había dispuesto sus nombramientos. Sin embargo, explicaron que las designaciones de empleados podían surgir de pedidos de los propios legisladores y que era habitual incorporar personas de confianza.
Ese dato forma parte de la reconstrucción que lleva adelante la fiscalía para determinar cómo ingresaron a la Cámara alta los trabajadores investigados y qué relación tenían con los dirigentes políticos de aquel momento.
Los exsenadores declararon en calidad de testigos y no como imputados. Sus testimonios deberán ser analizados junto con la documentación administrativa, los registros laborales y los movimientos bancarios incorporados al expediente.
También habían sido citados Nidia Moirano, Elisa Carca y David Hirtz, pero los tres se ausentaron. La Justicia deberá establecer nuevas fechas para sus declaraciones.
El origen de la investigación
La causa del Senado surgió como una derivación del denominado caso “Chocolate”, que comenzó en septiembre de 2023, cuando Julio “Chocolate” Rigau fue detenido en un cajero automático de La Plata con numerosas tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.
A partir de aquella investigación, la Justicia puso el foco en un posible mecanismo mediante el cual terceros retiraban dinero correspondiente a salarios de empleados legislativos. El expediente principal avanzó contra distintas personas vinculadas al esquema y fue elevado a juicio oral.
En paralelo, el análisis de otras operaciones permitió abrir una investigación sobre el Senado bonaerense. Allí aparecen al menos 39 tarjetas asociadas a empleados de la Cámara alta y personas que habrían realizado extracciones de dinero.
La principal incógnita para los investigadores es establecer si los titulares de esas tarjetas cumplían tareas efectivas, quién impulsó sus nombramientos y quién tenía acceso a sus salarios.
Las declaraciones de los exsenadores aportaron información sobre el funcionamiento del sistema de contrataciones, aunque no permiten por sí solas determinar si existieron irregularidades en los nombramientos investigados.
La fiscalía continuará ahora con el análisis de las pruebas reunidas para reconstruir los vínculos entre los empleados, los responsables de sus designaciones y quienes habrían utilizado las tarjetas para retirar el dinero.
