La Justicia espera un informe patrimonial que podría complicar la situación judicial de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, en una causa que investiga posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados y la evolución de sus bienes.
El documento elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) será una pieza central para que la fiscalía avance con el requerimiento de justificación patrimonial, una instancia en la que Adorni deberá responder sobre el origen de los fondos y movimientos económicos bajo análisis.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien aguarda el informe técnico para completar la primera etapa del expediente. Una vez finalizada la feria judicial de invierno, prevista entre el 20 y el 31 de julio, la fiscalía podría formalizar el pedido para que el exfuncionario explique las observaciones detectadas.
El análisis incluye la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti. Los investigadores revisan distintos movimientos económicos, consumos, inversiones y adquisiciones realizadas durante los últimos años, especialmente desde su llegada a la función pública en diciembre de 2023.
Entre los elementos incorporados a la causa aparecen gastos elevados, operaciones financieras, consumos con tarjetas de crédito y movimientos vinculados a plataformas de criptomonedas. También se analizan compras y bienes registrados durante el período investigado.
Según la investigación, parte de los movimientos económicos bajo revisión incluyen gastos vinculados a viajes, adquisiciones consideradas de alto valor y mejoras realizadas en una propiedad ubicada en un barrio privado. La fiscalía también reunió testimonios y documentación para reconstruir el origen de los fondos utilizados.
Uno de los puntos que los investigadores buscan determinar es si existe correspondencia entre el nivel de gastos detectado y los ingresos declarados por Adorni antes y durante su paso por la administración pública.
El exfuncionario sostuvo públicamente que su patrimonio tiene origen en ahorros previos, inversiones realizadas en criptomonedas desde hace varios años y fondos provenientes de una herencia. Sin embargo, ahora deberá presentar una explicación formal ante la Justicia sobre cada uno de los puntos incluidos en el requerimiento fiscal.
Si las respuestas no resultan suficientes para los investigadores, el fiscal podría solicitar al juez Ariel Lijo que avance con una citación a declaración indagatoria.
La causa se encuentra así en una etapa decisiva, a la espera de un informe especializado que permitirá definir los próximos pasos judiciales. La documentación financiera y patrimonial será clave para establecer si las diferencias detectadas tienen una justificación válida o si requieren una investigación más profunda.
