La Justicia federal ordenó al Gobierno de Javier Milei avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para mantener frenada su implementación.
La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado cuestionó específicamente una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Gobierno había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de los recursos presupuestarios necesarios para financiarla.
Para Cormick, esa condición no podía utilizarse para impedir la ejecución de una norma que había sido aprobada por el Congreso. El Poder Legislativo había rechazado el veto presidencial y ratificado la ley, por lo que el Ejecutivo debía avanzar con su cumplimiento.
El fallo también ordenó adoptar las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para poner en vigencia las disposiciones previstas por la Ley 27.795.
La resolución corresponde a una primera instancia y puede ser apelada por el Gobierno ante tribunales superiores.
El conflicto comenzó en 2025, cuando Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Sin embargo, Diputados y el Senado reunieron las mayorías necesarias para insistir con la norma y dejar sin efecto el veto presidencial.
En octubre de ese año, el Ejecutivo promulgó finalmente la ley, aunque incorporó una condición presupuestaria que terminó postergando su aplicación efectiva. Ese mecanismo es el que ahora fue rechazado por la Justicia.
Uno de los argumentos del Gobierno había sido que el Congreso debía establecer previamente las fuentes de financiamiento y contemplar las partidas correspondientes en el Presupuesto. El juez, en cambio, sostuvo que la propia ley establece mecanismos para afrontar las obligaciones económicas que genera.
Entre ellos se contempla la adecuación de partidas y el uso de recursos corrientes que superen las estimaciones presupuestarias.
La discusión judicial también alcanza otros puntos de la política universitaria, principalmente los salarios docentes y no docentes y las becas para estudiantes.
En expedientes anteriores, Cormick había reclamado al Gobierno que cumpliera con las medidas vinculadas a esos sectores y había advertido sobre la posibilidad de aplicar sanciones económicas.
El Ejecutivo había informado aumentos salariales y nuevas negociaciones paritarias, pero el magistrado consideró que esa información no acreditaba el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas judicialmente.
Respecto de las becas, el Gobierno había sostenido que las disposiciones podían limitarse al programa Becas Manuel Belgrano. La Justicia rechazó esa interpretación y consideró que el alcance de la normativa era más amplio.
La Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos de actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas y contempla pautas para recomponer los ingresos de docentes y trabajadores no docentes. También fija criterios de actualización para las becas estudiantiles.
Con el nuevo fallo, la disputa entre el Gobierno y las universidades suma un capítulo judicial que vuelve a poner bajo discusión el financiamiento de la educación superior pública.
