La Justicia rechazó un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra algunos artículos de la reforma laboral vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo desestimó el pedido cautelar que buscaba frenar la aplicación de esos puntos de la ley mientras se resolvía el fondo del litigio.
La decisión fue tomada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, que intervino en el amparo presentado por la central obrera contra el Estado nacional.
La CGT había presentado el amparo luego de la sanción de la ley de reforma laboral en el Congreso y antes de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
El alcance del fallo judicial
La presentación judicial había sido realizada el 6 de marzo por la CGT, que pidió la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 referidos al traspaso de la función judicial en materia laboral desde la Justicia nacional hacia el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, solicitó una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de esos puntos de la ley hasta que hubiera una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
En el fallo, el juez Lavié Pico sostuvo que ese tipo de medidas tienen carácter excepcional porque implican modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de que haya una sentencia definitiva.
En ese sentido, consideró que el pedido de la CGT requería analizar cuestiones que forman parte del objeto principal del litigio, algo que —según explicó— no corresponde resolver en una instancia cautelar.
Por eso, en su resolución, rechazó la medida cautelar que pretendía suspender de forma inmediata la aplicación de esos artículos y del convenio de transferencia incluido en la norma.
El planteo que había hecho la CGT
En su presentación, la CGT cuestionó el traslado de competencias judiciales al sostener que la norma implicaría la desaparición de la Justicia nacional del Trabajo y la transferencia de esas funciones al ámbito porteño.
También argumentó que la medida podría generar perjuicios para trabajadores y trabajadoras y planteó que la reforma vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho laboral.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había afirmado el cosecretario general de la central obrera Jorge Sola, cuando la CGT presentó el recurso ante Tribunales.
El rechazo de la cautelar no implica una resolución definitiva sobre el amparo, ya que el fallo puede ser apelado por la CGT. Además, a la Justicia le resta resolver otro recurso presentado por la central obrera ante la Justicia Laboral para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral.
