La Justicia federal decidió postergar el inicio del peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), debido a la feria judicial de invierno y la licencia de parte de los especialistas involucrados.
La reprogramación fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo luego del pedido del fiscal Franco Picardi, quien solicitó modificar la fecha prevista para comenzar con los estudios técnicos. Ahora, Gendarmería Nacional deberá establecer cuándo se iniciará el análisis a cargo de su Dirección Criminalística y Estudios Forenses.
El procedimiento contará con la participación de peritos oficiales, especialistas designados por las defensas de los imputados y técnicos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal.
El objetivo principal será determinar el origen de las grabaciones difundidas en agosto de 2025 y establecer si los archivos presentan modificaciones, cortes, alteraciones o algún tipo de manipulación posterior a su registro.
Entre los puntos centrales de la pericia se encuentra el análisis de posibles intervenciones mediante inteligencia artificial, una de las hipótesis planteadas por las defensas. Los especialistas también deberán evaluar si la voz registrada corresponde a una emisión humana natural o si existen indicios de generación sintética.
La investigación forma parte de la causa ANDIS, que analiza presuntas irregularidades en contrataciones y compras de medicamentos dentro del organismo nacional. El expediente contempla acusaciones por delitos como administración fraudulenta, cohecho, estafa y asociación ilícita.
Hasta el momento, cerca de 20 personas fueron procesadas en el marco de la causa, entre ellas Spagnuolo. Los audios atribuidos al exfuncionario forman parte de las pruebas bajo análisis y contienen referencias a presuntos manejos de dinero y acuerdos ilegales.
La defensa de Spagnuolo cuestionó la validez de las grabaciones y rechazó que el exfuncionario entregue una muestra de voz para el cotejo pericial. Sus abogados sostuvieron que esa medida podría afectar el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo.
El planteo fue rechazado por el juez Lijo, quien habilitó que el estudio avance incluso sin la colaboración directa del imputado. Para el magistrado, la postura de la defensa resultaba contradictoria al cuestionar la autenticidad de los audios y, al mismo tiempo, proponer la participación de un perito propio.
Como alternativa para realizar la comparación de voces, la fiscalía propuso utilizar registros públicos de entrevistas concedidas por Spagnuolo. Esos fragmentos servirían como material de referencia para los especialistas encargados del análisis.
Mientras continúa la investigación, la Justicia deberá definir una nueva fecha para iniciar una pericia considerada clave dentro del expediente. El resultado del estudio técnico podría aportar elementos para establecer si las grabaciones fueron modificadas o si conservan sus características originales.
