La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con un requerimiento de 20 preguntas sobre su patrimonio, sus gastos y el origen de distintos fondos utilizados durante el período en el que estuvo al frente de la Jefatura de Gabinete.
El pedido fue realizado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existen inconsistencias que permitan avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni deberá presentar documentación y explicaciones sobre operaciones inmobiliarias, vehículos, dinero en efectivo, viajes y movimientos financieros.
La Justicia puso el foco en la evolución patrimonial del exfuncionario, su esposa Bettina Angeletti y el grupo familiar entre el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió en la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó el cargo.
Según el análisis incorporado al expediente, durante ese período Adorni percibió 35 haberes que, sumados a los ingresos de su esposa, alcanzaron los $229.752.283,20. En el mismo lapso, los gastos registrados fueron de $272.820.832,20, una diferencia de más de $43 millones.
Además, el fiscal señaló movimientos y gastos por US$ 402.578,12 cuyo origen, de acuerdo con la investigación, todavía no estaría suficientemente acreditado.
Entre los principales puntos que deberá explicar aparecen el origen de dólares declarados en efectivo, los fondos utilizados para comprar un vehículo Jeep y un terreno en el Country Indio Cuá, además del dinero destinado a realizar importantes obras en esa propiedad.
También deberá aportar información sobre la adquisición y las mejoras de un inmueble ubicado en Miró 550. La Justicia busca conocer cómo se financiaron esas operaciones y cuál fue el criterio utilizado para declarar el valor de las mejoras.
Otro de los ejes está relacionado con préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. El fiscal solicitó que se acredite la existencia de esas operaciones, la entrega efectiva del dinero, su destino y la evolución de las obligaciones.
La investigación también contempla movimientos en efectivo, viajes al exterior, alquileres, gastos escolares, expensas y operaciones realizadas mediante terceros. A eso se suma el interés por la operatoria con criptoactivos y el origen del capital utilizado para comenzar esas inversiones.
Adorni también deberá explicar acreditaciones no salariales registradas en su cuenta sueldo del Banco Nación y operaciones informadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por montos superiores a los $6 millones.
El requerimiento contempla, además, dudas sobre consumos realizados por personas de su entorno como usuarios adicionales de tarjetas vinculadas al exfuncionario y una facturación superior a $4 millones emitida por una concesionaria automotor.
Pollicita estableció un plazo de 15 días para presentar las respuestas y la documentación correspondiente. La defensa podría solicitar una extensión de ese período antes de completar la presentación.
El pedido judicial llega después de que Adorni respondiera durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados, realizado en abril, varias consultas vinculadas con su patrimonio, sus viajes y sus declaraciones juradas.
En aquella oportunidad, el exjefe de Gabinete sostuvo que la evolución de sus bienes estaba detallada en su Declaración Jurada Patrimonial Integral y que la información correspondiente a su esposa y al grupo familiar había sido incorporada en un anexo reservado.
Ahora, esas explicaciones deberán trasladarse al ámbito judicial. Las respuestas a las 20 preguntas serán determinantes para establecer si las inconsistencias detectadas pueden ser justificadas con documentación o si la investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza hacia una nueva instancia.
