En el marco de una cadena nacional, el presidente Javier Milei confirmó que esta misma noche puso su firma en un decreto destinado a darle más velocidad a los procesos sancionatorios previstos por la legislación argentina.
La medida apunta directamente a quienes participan de proyectos de extracción de petróleo en las Islas Malvinas, territorio que el país reclama como propio y que se encuentra bajo ocupación británica.
La normativa de referencia es la Ley 26.659, que establece penalidades para las actividades no autorizadas en esa zona. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo busca acortar los tiempos administrativos y judiciales para aplicar esas sanciones de manera más ágil y efectiva.
Además de acelerar los trámites, el Gobierno avanza en la posibilidad de inhabilitar a las empresas involucradas para que no puedan operar dentro del territorio argentino. La restricción alcanzaría tanto a quienes intervienen de forma directa como a aquellos que lo hacen de manera indirecta en los proyectos petroleros sin el visto bueno de las autoridades nacionales.
La medida no se limita a las compañías. También contempla a sus accionistas, a los integrantes de los directorios y a los proveedores que forman parte de la cadena de esos emprendimientos. De esta forma, se intenta cerrar el círculo sobre todos los actores que sostienen la actividad hidrocarburífera en las islas.
Desde Casa Rosada se enfatiza que la decisión forma parte de una política de defensa de la soberanía sobre las Malvinas y de los recursos naturales del Atlántico Sur. La explotación de petróleo en esa área genera desde hace años fuertes cuestionamientos en el ámbito local y se considera una violación a los derechos argentinos.
El decreto firmado esta noche representa un primer paso concreto en esa dirección. Se espera que en las próximas semanas se concreten los mecanismos administrativos para poner en marcha las inhabilitaciones y las sanciones con la mayor celeridad posible.
Con esta acción, el Gobierno refuerza el mensaje de que no tolerará actividades económicas que desconozcan la soberanía argentina sobre las islas y busca disuadir a nuevas empresas de sumarse a esos proyectos.
