Como lo había anticipado el ministro de Economía Sergio Massa, el Gobierno prepara un proyecto para virtualmente eliminar el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría en la mayoría de los casos. Se trata del segmento del impuesto que grava los ingresos de las personas físicas explicados por su trabajo en relación de dependencia, o por percibir algún tipo de jubilación o pensión.
Si bien no se modifican las escalas progresivas y fuertemente distorsivas del impuesto, que siguen apostadas entre el 5% y el 35%, se aplicará una importante actualización del mínimo no imponible hasta llevarlo al umbral de $1.500.000 mensuales brutos (sin contabilizar los aportes a la seguridad social y a las obras sociales).
Actualmente el impuesto alcanza a casi 1,9 millones de personas entre trabajadores bajo la modalidad de relación de dependencia, y también jubilados que perciben haberes superiores al promedio por haber aportado más a lo largo de su vida. La idea es que el impuesto alcance a menos personas.
Una vez que entren en vigencia los cambios propuestos por Massa a partir del 1° de octubre, se estima que la mayor parte de las personas dejarían de pagar el impuesto. Según el Gobierno, solamente los “altos cargos ejecutivos en sociedades anónimas, CEOS, gerentes, supervisores de alta calificación y pensiones de privilegio” seguirán pagando el impuesto.
Además de que es una burda medida para frenar el éxodo de votantes a Javier Milei, que hace meses viene argumentando la derogación de este impuesto, el problema del proyecto del oficialismo es que no presenta ningún tipo de reducción presupuestaria para compensar la caída tan drástica de ingresos, dada sobre un impuesto con gran peso en la recaudación nacional, uno que además es coparticipable para las provincias.
El economista Fernando Marull estimó que solamente por la recaudación de Ganancias a personas físicas (se excluye del cómputo a las empresas, las ganancias de capital y los dividendos) el Gobierno nacional obtuvo el equivalente al 2,5% del PBI al cierre de 2022, y el promedio histórico de los últimos 10 años promedia el 2% del producto.
Si la pérdida de recursos potenciales a partir del año 2024 no fuera compensada por una fuerte reducción del gasto público en la misma cuantía, o por nuevos ingresos en otras áreas, el financiamiento monetario del déficit fiscal rápidamente conduciría a un estallido inflacionario aún más violento del que existe hoy.
A diferencia de otros candidatos como Javier Milei, que también propone una fuerte reducción del peso del impuesto a las Ganancias, el equipo de Massa no contempló ningún tipo de plan de estabilización a la hora de lanzar la medida.
Más bien constituye un manotazo de ahogado para tratar de contener la debacle electoral del Gobierno, y se ensaya una nueva medida improvisada y mal ejecutada.
