Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un nuevo gravamen destinado a determinadas operaciones que impliquen movimientos de fondos hacia el exterior.
La iniciativa establece una alícuota general del 3% sobre las transferencias de capital realizadas mediante divisas, valores negociables y activos virtuales. Para operaciones cuyo destino sean jurisdicciones con baja o nula tributación, se sumaría un adicional del 2%, por lo que la carga podría llegar al 5%.
El proyecto alcanza a personas físicas y jurídicas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras similares. También contempla operaciones realizadas tanto por residentes como por no residentes, según las condiciones previstas en la iniciativa.
La propuesta aparece en medio de la discusión por el Presupuesto nacional y del debate sobre el esquema de gasto y financiamiento del Gobierno de Javier Milei. Desde el kirchnerismo plantean el nuevo impuesto como una alternativa para obtener recursos destinados a áreas consideradas prioritarias.
Según los cálculos incluidos en el proyecto, el ITIC podría generar una recaudación cercana a los $2,89 billones. El texto propone establecer un destino específico para esos fondos.
El 60% de lo recaudado se distribuiría entre provincias y municipios para financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, habitacional y vial. El resto se dirigiría a programas vinculados con salud, educación, discapacidad y jubilaciones.
La iniciativa retoma parcialmente la lógica del Aporte Solidario y Extraordinario aprobado en 2020, aunque con un universo de operaciones diferente. En este caso, el eje está puesto en los movimientos internacionales de capital.
El proyecto también genera cuestionamientos dentro y fuera del peronismo. Algunos legisladores consideran inconveniente avanzar con un nuevo impuesto en un contexto de debate electoral y económico, mientras que sectores de la oposición advierten sobre un posible impacto en las inversiones y en las decisiones de quienes buscan transferir fondos al exterior.
Entre las críticas aparece el argumento de que un gravamen de estas características podría desalentar determinadas inversiones o incentivar mecanismos alternativos para realizar operaciones internacionales. Los impulsores, en cambio, sostienen que permitiría captar recursos provenientes de movimientos de capital considerados especulativos.
La administración del impuesto quedaría principalmente en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con participación del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. La Unidad de Información Financiera también tendría intervención técnica en el seguimiento de las operaciones.
Como referencia, el proyecto menciona el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) aplicado en Brasil, que alcanza distintos movimientos financieros y determinadas operaciones vinculadas con divisas.
Ahora, la propuesta deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados, donde se definirán posibles modificaciones y los apoyos necesarios para avanzar. Su tratamiento también quedará ligado a la discusión sobre el Presupuesto y las alternativas de financiamiento del Estado nacional.
