El fuero Contencioso Administrativo Federal volvió a marcar la cancha en el conflicto entre el Ejecutivo nacional y las casas de altos estudios. El titular del Juzgado N° 11, Martín Cormick, dio un ultimátum de cinco días a la gestión central para que efectivice la actualización técnica de las partidas destinadas a salarios del personal y al programa de becas de formación superior, bajo el apercibimiento directo de imponer sanciones económicas de carácter diario en caso de persistir la desobediencia.
La medida se fundamenta en el dictamen que ratifica la plena vigencia de la medida cautelar ordenada tiempo atrás para garantizar el financiamiento educativo. De acuerdo a lo explicitado en la resolución de la Magistratura, la administración nacional omitió adecuar los valores salariales de los trabajadores docentes y no docentes al índice fijado por la norma, estimando un desfasaje que requiere una recomposición del 33 % para alinearse con los compromisos legales y presupuestarios acordados.
Esta determinación judicial sobreviene tras el análisis riguroso de la documentación presentada por la cartera de Capital Humano, conducida por Sandra Pettovello. En el expediente, la dependencia oficial intentó demostrar que las transferencias efectuadas y los acuerdos firmados durante el mes de junio constituían un cumplimiento sustancial de lo demandado; sin embargo, el magistrado consideró que los respaldos remitidos resultan incompletos e insuficientes para dejar sin efecto las obligaciones cautelares que pesan sobre el Estado.
El pronunciamiento no parte de un hecho aislado, sino de la insistencia del Ejecutivo por levantar la cautelar aduciendo un entendimiento parcial previo. Dicha pretensión fue desestimada semanas atrás por la misma judicatura, que intimó al área administrativa a detallar en tiempo récord el grado exacto de ejecución de las asignaciones presupuestarias, requerimiento que derivó en la revisión negativa de la fecha.
Desde la dirigencia política, las repercusiones alcanzaron de inmediato a la Cámara de Diputados y a distintos sectores de la oposición nacional. Legisladores del bloque socialista señalaron que la disposición judicial aporta un principio de institucionalidad frente al incumplimiento sistemático de normativas aprobadas en el Congreso, recordando querellas previas incoadas contra los principales referentes de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios intervinientes por presunta inobservancia de los deberes de funcionario público.
A la par, referentes de distintos espacios del Congreso coincidieron en remarcar que el constante desfasaje salarial y la reducción efectiva de fondos ahondan las medidas de fuerza en las distintas unidades académicas del país, impactando en el dictado normal de clases y en el calendario lectivo de miles de alumnos de grado y posgrado.
En la esfera académica y gremial, el Consejo Interuniversitario Nacional celebró el fallo como una respuesta institucional concreta ante la parálisis de los canales de diálogo salarial. Directivos y rectores del organismo sostuvieron que la ratificación del texto cautelar aporta certidumbre legal al reclamo colectivo, instando a las dependencias de Hacienda y Educación a liquidar las partidas en los plazos fijados para restablecer la paz operativa en la educación pública superior.
