La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino de unos $4 billones vinculados a una operación de deuda del Tesoro. El planteo generó un fuerte cruce dentro del oficialismo y tuvo una rápida respuesta del titular del Palacio de Hacienda.
La presentación de Pagano apunta a presuntas inconsistencias en la trazabilidad de los fondos obtenidos tras una licitación de deuda pública. Según sostuvo la legisladora, parte del dinero dejó de aparecer temporalmente en las cuentas habituales del Banco Central, sin que quedara claro su destino.
El planteo derivó en una disputa política que escaló en pocas horas. Caputo rechazó de manera categórica las acusaciones y aseguró que los fondos están registrados y pueden ser auditados dentro del sistema financiero estatal.
Además, el ministro anunció que iniciará una querella contra Pagano por calumnias e injurias. Según anticipó, cualquier suma que eventualmente obtenga a partir de la acción judicial será destinada a entidades de bien público.
El presidente Javier Milei también intervino en la controversia y respaldó públicamente a Caputo. El mandatario cuestionó con dureza a la diputada, quien respondió con críticas hacia la conducción económica del Gobierno.
Detrás de la pelea política existe una discusión sobre el movimiento de los fondos públicos. La controversia comenzó luego de una licitación realizada a fines de julio, que dejó un excedente cercano a los $3,8 billones.
La falta temporal de ese dinero en la cuenta corriente operativa del Tesoro en el Banco Central generó dudas y abrió el debate sobre su recorrido. Sin embargo, explicaciones provenientes del ámbito financiero señalaron que los fondos fueron trasladados de manera provisoria a cuentas del Estado nacional en el Banco Nación.
De esta manera, la discusión quedó dividida entre las acusaciones de la diputada y las explicaciones oficiales sobre el mecanismo utilizado para administrar los recursos.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades en la operación denunciada o si, como sostiene el Gobierno, se trató de un movimiento financiero dentro del circuito habitual del Estado.
El conflicto suma así una nueva tensión al escenario político nacional y expone las diferencias dentro del espacio oficialista en torno al manejo de los fondos públicos y la política económica.
