Los problemas en la cobertura de medicamentos y prestaciones del PAMI volvieron a quedar en el centro de los reclamos de jubilados y organizaciones de adultos mayores. En una reunión de la Cámara de Diputados de la Nación, distintos representantes expusieron dificultades para acceder a tratamientos, especialmente en casos de enfermedades graves.
Según los datos presentados durante el encuentro, unos 2,2 millones de afiliados quedaron fuera de la cobertura del 100% de determinados medicamentos, mientras que alrededor de 1,6 millones de ellos utilizaban esos remedios de manera habitual.
La situación también abrió una nueva disputa judicial. En 2025, la Justicia había ordenado restablecer el programa Vivir Mejor, que contemplaba la cobertura total de determinados medicamentos para jubilados. La medida, que inicialmente alcanzó a Córdoba, posteriormente fue extendida al resto del país.
Sin embargo, representantes de organizaciones que participaron de la causa cuestionaron que la resolución judicial se haya cumplido en los términos establecidos y plantearon que persisten dificultades para que los afiliados puedan acceder a los tratamientos.
Durante la reunión legislativa también se expusieron casos concretos que reflejan el impacto de estas trabas. Uno de ellos correspondió a un jubilado con cáncer de pulmón que, según el testimonio presentado, necesitó recurrir a distintas instancias administrativas y judiciales para conseguir el tratamiento indicado por sus médicos.
La advertencia de los representantes de adultos mayores fue que este tipo de situaciones podría ser apenas una parte del problema. Muchos afiliados, señalaron, no llegan a iniciar reclamos formales, especialmente cuando se trata de tratamientos que requieren respuestas rápidas.
A los cuestionamientos por los medicamentos se sumó la situación de los prestadores de salud. Representantes de clínicas y sanatorios advirtieron que los atrasos en los valores abonados por determinadas prestaciones están afectando la atención de miles de jubilados.
Según plantearon, la diferencia entre los costos actuales y los valores reconocidos por el PAMI habría generado restricciones en algunos servicios, incluidas internaciones e intervenciones. Parte de la demanda, señalaron, termina derivada al sistema público, que también enfrenta dificultades para absorber una mayor cantidad de pacientes.
El escenario derivó además en una denuncia penal contra autoridades del organismo, en la que se plantean posibles incumplimientos de resoluciones judiciales y eventuales responsabilidades por el funcionamiento de la cobertura.
El reclamo de los jubilados no se limita, sin embargo, a una discusión presupuestaria o judicial. Las organizaciones que participaron de la reunión insistieron en que detrás de cada trámite hay personas que necesitan medicamentos y tratamientos en tiempo y forma.
Uno de los testimonios recordó el caso de una jubilada con cáncer que debió recibir ayuda económica de otros adultos mayores para afrontar parte de su tratamiento. La mujer finalmente murió, según relató la representante de los jubilados.
El reclamo quedó resumido en una frase que sintetizó el planteo de las organizaciones: los adultos mayores necesitan poder acceder a sus tratamientos sin tener que iniciar constantemente recursos de amparo para obtener una cobertura que consideran necesaria.
La discusión sobre el futuro de la cobertura de medicamentos del PAMI continúa así en distintos ámbitos, con millones de afiliados atentos a posibles cambios y a la respuesta del organismo frente a los reclamos judiciales y administrativos.
