El Gobierno nacional reforzará los controles en escuelas de todo el país durante el paro docente convocado para este lunes 3 de agosto. La decisión fue coordinada en una reunión del Consejo Federal de Educación, donde participaron autoridades educativas nacionales y representantes de las distintas jurisdicciones con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema educativo durante la jornada de protesta.
Durante el encuentro se ratificó la aplicación de la Ley 27.802, que establece una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo en el marco de medidas de fuerza. Además, se acordó la realización de inspecciones para verificar el cumplimiento de esa disposición en establecimientos educativos de distintas provincias.
Las inspecciones serán aleatorias y buscarán constatar que se mantenga el porcentaje mínimo de clases previsto por la normativa. En caso de detectarse incumplimientos, el Ejecutivo adelantó que se activarán los procedimientos correspondientes para determinar las sanciones previstas por la legislación vigente.
Desde el área educativa nacional señalaron que, si bien la administración de las escuelas depende de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado nacional tiene la responsabilidad de velar por el derecho a la educación y coordinar acciones cuando una medida de fuerza alcanza a todo el país.
El paro nacional fue convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) por 24 horas. Entre los principales reclamos figuran la reapertura de la discusión salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, conectividad y programas educativos.
Desde el Gobierno remarcaron que la definición de los salarios docentes corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleadoras. También recordaron que los acuerdos vinculados al salario mínimo, las condiciones laborales y el calendario escolar se debaten en el ámbito del Consejo Federal de Educación junto con las jurisdicciones.
En paralelo, continúa la discusión judicial por la aplicación de la ley que declara a la educación como servicio esencial. Mientras los gremios cuestionan esa normativa, el Ejecutivo sostiene que el porcentaje mínimo de prestación debe mantenerse hasta que exista una resolución definitiva sobre la cuestión.
En este contexto, las autoridades nacionales insistieron en que las medidas adoptadas buscan garantizar la continuidad del servicio educativo y brindar previsibilidad a las familias durante la jornada de paro. Por ese motivo, el monitoreo alcanzará a escuelas de diferentes provincias para verificar el nivel de funcionamiento de los establecimientos.
La jornada de protesta tendrá un impacto dispar según cada distrito, ya que la adhesión dependerá de la decisión de los gremios y de los docentes en cada jurisdicción. Mientras algunos sindicatos acompañarán el paro nacional, otros optaron por realizar actividades sin interrupción total de las clases, como acciones de protesta, trabajo a reglamento y jornadas informativas sobre la situación del sistema educativo.
