La causa por el denominado “Vacunatorio VIP” sumó un nuevo avance judicial. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de más de 30 personas que habrían recibido de manera privilegiada la vacuna Sputnik V durante la pandemia de coronavirus.
Entre los principales señalados aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González de Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana Duhalde y el periodista Horacio Verbitsky. También fueron incluidos dirigentes, exfuncionarios, empresarios y allegados.
El pedido fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ahora deberá resolver si acepta las citaciones solicitadas por el fiscal, si limita el listado o si rechaza el planteo.
La investigación se inició en 2021, luego de que se conociera que determinadas personas habían accedido a dosis de Sputnik V cuando la vacunación estaba destinada prioritariamente al personal de salud y a los adultos mayores.
En una primera instancia, la jueza había considerado que recibir la vacuna antes que otras personas no configuraba por sí mismo un delito. Sin embargo, la Cámara Federal porteña ordenó profundizar la investigación y analizar también la situación de quienes recibieron las dosis.
A partir de ese criterio, la fiscalía sostiene que las vacunas eran bienes del Estado y que algunas personas podrían haber participado de manera necesaria en su utilización irregular. El planteo se vincula con una posible figura de peculado, un delito que contempla penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además de Duhalde y su familia, la lista incluye al dirigente y diputado Eduardo Valdés, al exministro de Defensa Jorge Taiana, al exintendente Hugo Curto y su esposa Filomena Burgos.
También aparecen el periodista Gabriel Michi y el dirigente Jorge Devoto. Entre los empresarios mencionados se encuentra Florencio Aldrey Iglesias y familiares, además de otros allegados que habrían recibido dosis mediante mecanismos por fuera del esquema establecido.
El escándalo tomó notoriedad en febrero de 2021, cuando se conoció que personas vinculadas al poder político habían accedido a vacunas en circunstancias especiales. El caso derivó en la salida del entonces ministro de Salud Ginés González García y generó un fuerte impacto político durante una de las etapas más críticas de la pandemia.
Ahora, más de cinco años después, la causa vuelve a tomar impulso con el pedido de indagatorias. La decisión quedará en manos de la jueza Capuchetti, que deberá analizar los argumentos presentados por Taiano y definir los próximos pasos de una investigación que busca determinar responsabilidades por el acceso privilegiado a las vacunas.
