La Justicia Federal solicitó elevar a juicio oral la causa contra los siete integrantes de una organización acusada de realizar extorsiones mediante aplicaciones de citas y que, según la investigación, habría provocado el suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta de Olivos.
El pedido fue presentado por la fiscalía ante el juzgado federal que interviene en la causa y apunta a que los imputados sean juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a captar víctimas, amenazarlas con falsas denuncias penales y exigirles transferencias de dinero.
Además, los principales acusados deberán responder por la presunta instigación al suicidio de Gómez, un joven de 21 años que cumplía funciones como integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
La investigación determinó que la banda habría utilizado un mecanismo repetido para concretar las maniobras. Los integrantes creaban perfiles falsos de mujeres en plataformas de citas y luego trasladaban las conversaciones a WhatsApp, donde comenzaban las amenazas.
Según la acusación, después aparecía una persona que simulaba ser familiar de la supuesta joven y advertía sobre una posible denuncia por un supuesto vínculo con una menor de edad. Más tarde intervenía un falso integrante de una fuerza de seguridad que reclamaba dinero para evitar consecuencias judiciales.
Los investigadores sostienen que la organización funcionaba con una estructura coordinada. Dos de los presuntos líderes operaban desde una unidad penitenciaria bonaerense, mientras que otros integrantes cumplían tareas vinculadas al manejo de cuentas bancarias, billeteras virtuales y líneas telefónicas utilizadas para las extorsiones.
La causa se inició tras la muerte de Gómez, quien fue encontrado sin vida en una garita de la residencia presidencial. Antes de quitarse la vida con su arma reglamentaria, el soldado dejó una carta en la que describió la situación que atravesaba.
A partir de esa evidencia, los investigadores reconstruyeron la secuencia de contactos y transferencias que habrían involucrado al joven. De acuerdo con el expediente, días antes de su muerte Gómez habría enviado más de un millón de pesos a cuentas relacionadas con los acusados.
La pesquisa también permitió identificar otros casos similares. Entre ellos figura el de una persona que entregó dinero luego de recibir amenazas y otro episodio en el que una víctima realizó varios pagos por una suma cercana a los $116.000.
Los siete sospechosos fueron detenidos en febrero durante distintos allanamientos realizados en domicilios y establecimientos penitenciarios. Desde entonces permanecen procesados con prisión preventiva.
Para la fiscalía, las pruebas reunidas permiten sostener que existía un acuerdo previo entre los acusados y una modalidad organizada para obtener dinero mediante engaños y presiones psicológicas.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá resolver el avance hacia el juicio oral, donde se analizarán las responsabilidades de cada uno de los imputados y el alcance de las maniobras investigadas.
