El bloque de La Libertad Avanza llevó adelante una intervención en una sala de reuniones ubicada en el quinto piso del anexo “A” de la Cámara de Diputados, lo que derivó en cuestionamientos internos y un pedido formal de explicaciones sobre el procedimiento y el financiamiento de la obra.
La modificación consistió en un ploteo que cubre las paredes del espacio con la imagen de un león de gran melena abrazando la cúpula del Palacio Legislativo, en tonos violetas. La intervención reemplazó la estética previa del lugar, donde se encontraba la bandera argentina como elemento principal de la decoración institucional.
La sala en cuestión es utilizada de manera habitual por el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, para reuniones de coordinación política y definición de estrategias legislativas junto a otros integrantes del espacio. El cambio visual del ambiente rápidamente generó repercusiones dentro del ámbito parlamentario y también en el plano político, donde se multiplicaron las opiniones encontradas sobre la decisión.
En ese contexto, la diputada nacional Mónica Frade presentó una nota formal dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, en la que expresó su preocupación por la intervención realizada y solicitó precisiones sobre su autorización. El pedido se centra en conocer si existió una habilitación previa, quién la solicitó, y si se inició algún expediente administrativo que respalde la modificación del espacio.
La legisladora también reclamó información detallada sobre el financiamiento de la intervención. En particular, pidió establecer si los fondos utilizados fueron públicos o privados, cuál fue el monto total destinado, qué proveedor estuvo a cargo del trabajo y qué documentación respalda la contratación, como órdenes de compra o facturas.
El requerimiento se enmarca en la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275, junto con referencias a principios constitucionales y tratados internacionales vinculados a la transparencia en la gestión pública. En su presentación, Frade insistió en la necesidad de garantizar la trazabilidad de los actos administrativos dentro del ámbito legislativo.
Más allá del caso puntual, la diputada incorporó además un planteo adicional vinculado a las condiciones laborales del personal de seguridad de la Cámara baja. En ese punto, solicitó precisiones sobre la provisión de indumentaria de trabajo, consultando desde cuándo no se entrega equipamiento y cuáles son los motivos de esa situación.
El pedido establece un plazo de 15 días hábiles para recibir una respuesta formal a través de correo institucional, tal como lo prevé la normativa vigente en materia de acceso a la información pública.
Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales por parte del bloque de La Libertad Avanza ni de la presidencia de la Cámara de Diputados en relación con el planteo realizado. El tema, sin embargo, continúa generando repercusiones en el ámbito político y alimenta el debate sobre el uso de los espacios institucionales y la transparencia en la administración de recursos dentro del Congreso.
