“Ya me bajaron la orden de no apelar, cualquier cambio de rumbo le aviso”. La frase forma parte de los diálogos que tuvieron un grupo de funcionarios que acaban de quedar procesados por incumplimiento de sus deberes, por no haber intentado dar una pelea legal frente a la entrega de tierras a grupos mapuches en los alrededores de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, en un fallo al que accedió Infobae en el que se advirtió que con esta maniobra se “dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino”.
Los jueces ordenaron averiguar si eso respondió a una orden de las máximas autoridades de Defensa y de la Procuración del Tesoro de la Nación. El fallo expone además una paradoja: precisamente los únicos que con este escenario podían haber apelado era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que, desde el Estado, representa a los mapuches y obviamente no lo hizo.
Todo se enmarca en un conflicto que tiene varias aristas. Hoy, la Corte Suprema de Justicia tiene bajo estudio el fondo de la cuestión: si el máximo tribunal puede revisar la decisión de una jueza de Bariloche que, a través de un amparo, hizo entrega de ese predio que pertenecía al Ejército.
Se trata de un predio ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues. Este terreno pertenece desde 1937 al Ejército Nacional. Sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue aseguran que habitaban este territorio desde fines de siglo XIX, antes de que se establezcan las tropas militares en el lugar. El predio fue reconocido como territorio de los Ranquehue por el Estado Nacional mediante una resolución del INAI del 2012. Pero estas tierras están en manos de la Escuela Militar de Montaña, fundada en el año 1964, y se usan para perfeccionar a las tropas de Montaña del Ejército Argentino, para preparar a las patrullas para el rescate de andinistas civiles y militares en las situaciones extremas de la alta y media montaña, y también para el pastoreo del ganado.
En Bariloche, la causa comenzó a fines del 2020. En la demanda se sostuvo que “la pertenencia de la Comunidad Millalonco Ranquehue al pueblo mapuche se encuentra sobradamente comprobada en múltiples informes e instrumentos obrantes en la carpeta técnica ley 26.160″. Esa ley, sancionada en 2006, ordenó relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional y frenar los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas. En ese contexto, se disponía un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
La comunidad Millalonco dijo en la Justicia que el INAI ya había mensurado sus terrenos en 2011, pero que todavía la comunidad no tenía el título de propiedad comunitaria. Por eso solicitó “la inmediata transferencia directa a la Comunidad”. En el marco de la tramitación del amparo, tanto el Congreso como el Estado Nacional -a través del Ministerio de Defensa- rechazaron el planteo. Lo mismo hizo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, la jueza federal de Bariloche hizo lugar al planteo y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días –a partir de que quede firme esta sentencia-, transfiera a título gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución N° 1174 del INAI, a los efectos de su adjudicación —en forma inmediata— en propiedad a la Comunidad accionante. Además ordenó pagar las costas al Estado.
