En el acto central de la cuarta Marcha Federal Universitaria se leyó un documento elaborado por distintos sectores del sistema universitario que volvió a exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió por el deterioro del presupuesto, los salarios y el funcionamiento general de las casas de altos estudios.
El texto fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a federaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes, con el acompañamiento de distintas organizaciones del sector educativo a nivel nacional. El reclamo se centra en el incumplimiento de la normativa vigente que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Según el documento, la falta de aplicación de la ley impacta de forma directa en el desarrollo académico, la investigación y la continuidad de las actividades en todo el sistema. En ese marco, advierte que la situación presupuestaria se agravó con una caída real acumulada de los fondos en los últimos años.
También señala que las transferencias para gastos de funcionamiento no lograron recuperar el poder adquisitivo necesario, lo que se traduce en limitaciones para el mantenimiento edilicio, la compra de insumos y el sostenimiento de proyectos educativos y científicos.
Uno de los puntos más críticos está vinculado al deterioro salarial. El texto afirma que la inflación acumulada supera ampliamente los aumentos otorgados, lo que provocó una pérdida significativa del poder de compra de docentes y nodocentes, ubicando a los salarios del sector en niveles históricamente bajos.
A esto se suma el impacto en el sistema de becas, con programas estudiantiles congelados o con demoras en su actualización, lo que afecta la permanencia de estudiantes en el sistema universitario y profundiza las desigualdades de acceso.
El documento también advierte sobre el desgaste de las obras sociales universitarias y del sistema de salud asociado, además de la situación de los haberes jubilatorios dentro del sector, que atraviesan un escenario de creciente deterioro.
En paralelo, se menciona la preocupación por la continuidad de programas de apoyo a la formación científica y académica, cuya reducción o incertidumbre presupuestaria compromete el desarrollo de áreas estratégicas del conocimiento.
Finalmente, el texto interpela a la Corte Suprema para que se expida sobre la aplicación de la ley y garantice su cumplimiento, en un contexto de disputa institucional por los fondos establecidos por el Congreso.
El documento concluye con un llamado a sostener la defensa de la universidad pública como base del sistema educativo y científico, en medio de un escenario de tensión por la distribución de recursos y el futuro del sistema universitario argentino.
