Que la CORRUPCIÓN no tape los desastres de la mala gestión

¿Qué es más grave, la corrupción o la mala gestión? Las dos son graves. ¿Por igual? Se puede discutir. La corrupción mata. La mala gestión también. Ambas empobrecen.

Siempre es necesario seguir de cerca los casos de corrupción en los que están involucrados funcionarios de cualquier nivel. Y lo más importante: la sociedad puede recuperar la confianza en las instituciones cuando las causas se desarrollan más o menos con normalidad, se respetan las garantías constitucionales y los jueces dictan sus sentencias.

En todos estos años hubo numerosos casos que avanzaron a mayor o menor velocidad. Y el poder Judicial hizo lo que consideró adecuado, más allá de a quién conformó y a quién no la tarea que llevaron adelante fiscales y jueces involucrados en cada causa en las que le tocó actuar. Los casos ventilados, resumiendo, apuntaban al enriquecimiento ilegal de funcionarios y empresarios. Es verdad que el vehículo de ese enriquecimiento pudo haber sido, por ejemplo, no construir o construir a medias algunos kilómetros de rutas. O el alquiler de habitaciones de hotel que eran una pantalla para hacer dinero. También el mal mantenimiento de los trenes.

El problema es cuando el bosque de la corrupción tapa otro bosque, el bosque de la comprobable mala gestión y las comprobables malas decisiones. En YPF hay de todo. Primero se produce la irrupción del Estado en la compañía privatizada. Recién tres semanas después el Congreso aprueba la ley que le da una pátina legal a la operación. Pero se olvidan de cumplir con el estatuto de YPF, que decía que en caso de expropiación todos los accionistas debían recibir una oferta de compra por sus acciones. De este olvido se agarró el fondo Burford para construir un caso que ayer fue premiado con una suculenta sentencia.

Al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof se lo ubica, en el lenguaje de la calle, dentro de la categoría “funcionarios que no roban ni se enriquecieron en la función pública”. Puede ser. Pero ha estado involucrado en decisiones realmente ruinosas. Desde ya, la expropiación de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol y de la familia Eskenazi rompió todos los récords: de sospechas de corrupción y de mala gestión.

También en la negociación con acreedores de la deuda.

El arreglo para que el grupo Eskenazi ingresara a YPF con su chapa de “expertos en mercados regulados” se hizo gratis. Escandaloso. Gratis para los Eskenazi, que pagarían las acciones de la petrolera con los dividendos que cobrarían proporcionalmente al capital que figuraba a su nombre. YPF tenía una política muy conservadora de pago de dividendos hasta que tomaron el control los españoles. Con Repsol en el comando y los Eskenazi de copilotos, la mayoría de las utilidades que obtenía la empresa se giraban a Madrid. Con ese dinero Repsol financió una parte de su expansión global. Al mismo tiempo que desatendió la producción en territorio argentino. Puso en riesgo, por así decirlo, la soberanía energética.

Esto no es menor. Y sus consecuencias se están sufriendo hoy. Argentina pasó de ser exportador neto a importador neto de energía. Miles de millones de dólares de las reservas del Banco Central se fueron y se están yendo por esta vía.

Esto ocurría en paralelo a otra decisión de política económica legal pero profundamente ruinosa. El congelamiento de tarifas.Tal vez una de las decisiones de política económica más absurdas que tomó el primer gobierno kirchnerista, que fue replicada en el segundo y en el tercer gobierno kirchnerista y prolongada, mientras pudo, por el cuarto gobierno kirchnerista.

En forma muy simplificada: el congelamiento de tarifas derivó el subsidios multimillonarios que agigantaron el gasto público, derivaron en un insoportable agujero fiscal que obligó a financiarlo con pesos emitidos por el Banco Central. El final de esta película es conocido. La inflación se salió de control. La pobreza se disparó arriba del 40%.

Recapitulando. El enriquecimiento ilícito se dirime en la Justicia. La expropiación de YPF también, pero no se sabe si habrá consecuencias legales para los funcionarios que la llevaron adelante. La ruinosa decisión de congelar tarifas no llevará a nadie a juicio. Todo ayudan a explicar dónde estamos hoy.

Por Gustavo Bazán