El Gobierno nacional avanza en una negociación política de alto voltaje en el Congreso con un objetivo central: reunir los votos necesarios para eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La estrategia legislativa está encabezada por Diego Santilli, recientemente ubicado en el rol de articulador político, quien inició contactos con distintos bloques y mandatarios provinciales para destrabar el debate.
La reforma electoral se consolidó como una de las prioridades de la administración de Javier Milei, que busca reordenar el sistema político de cara a los próximos procesos electorales. En paralelo, el oficialismo también impulsa otros cambios como la incorporación de la Ficha Limpia, modificaciones en la Boleta Única de Papel y nuevas reglas de funcionamiento para los partidos políticos.
El plan no se limita a una sola medida. En la Casa Rosada consideran que la eliminación de las PASO es clave para reducir la fragmentación del voto y fortalecer la competencia directa entre fuerzas políticas, evitando instancias previas que ordenen internas opositoras. Ese diagnóstico político convive con el argumento económico, que sostiene que las primarias implican un gasto significativo para el Estado.
En el Congreso, el escenario aparece dividido. Parte de los bloques aliados, especialmente del PRO y la UCR, ya presentaron iniciativas que van desde la implementación de Ficha Limpia hasta la modificación del régimen actual de primarias. Sin embargo, no existe un consenso unificado sobre la eliminación total de las PASO, lo que abre una negociación compleja.
Uno de los puntos en discusión es la propuesta de transformar las primarias en optativas en lugar de eliminarlas por completo. Desde el oficialismo se rechaza esa alternativa y se insiste en avanzar hacia su supresión definitiva, incluso evaluando una posible suspensión temporal en el corto plazo como salida intermedia.
Mientras tanto, el Gobierno intensifica el trabajo político territorial. Santilli mantiene conversaciones con gobernadores y referentes legislativos, en una estrategia que busca asegurar apoyos clave fuera del núcleo duro del oficialismo. En paralelo, la articulación parlamentaria se complementa con el rol de otros actores del oficialismo en ambas cámaras, encargados de acelerar el tratamiento de los proyectos.
El debate también incluye el capítulo de Ficha Limpia, que busca impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas por delitos contra la administración pública. La iniciativa suma respaldo en distintos sectores, aunque su redacción final todavía forma parte de la negociación general por la reforma electoral.
En la oposición, las críticas apuntan a que el paquete de cambios podría modificar el equilibrio del sistema político. Algunos legisladores advierten que la eliminación de las PASO concentraría poder en las estructuras partidarias y reduciría los mecanismos de competencia interna, mientras que otros cuestionan la oportunidad política del debate en medio de la coyuntura económica.
Aun así, el oficialismo mantiene su hoja de ruta. El objetivo inmediato es ordenar apoyos en el Senado y Diputados para avanzar con un dictamen que permita llevar la reforma al recinto. En ese camino, las conversaciones con aliados serán determinantes para definir si el proyecto logra avanzar en el corto plazo o si queda sujeto a nuevas modificaciones.
El Congreso se prepara así para una discusión que trasciende lo técnico y se instala de lleno en el terreno político, con impacto directo en la arquitectura electoral de los próximos años.
