El incremento de la riqueza personal de María Belén Agudiez encendió las alarmas en los organismos de control. La exsubsecretaria de Planificación General, integrante del círculo de extrema confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, registró un salto patrimonial inédito tras su paso por la administración pública: multiplicó sus ahorros por 98 en menos de tres años, según se desprende de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Al incorporarse a la gestión del Estado, la excolaboradora declaró un capital inicial de apenas $43.000, repartidos entre efectivo y una caja de ahorro. Sin embargo, en la presentación correspondiente al cierre del último período fiscal, informó un activo total que supera los $4.500.000. La cifra representa un crecimiento del 9.766% en relación a su patrimonio de ingreso.
Dentro del desglose patrimonial, la exfuncionaria consignó tenencias por $3,5 millones en dinero en efectivo, montos depositados en fondos comunes de inversión, cuentas en plataformas PSP y una caja de ahorro en moneda extranjera. Asimismo, en el rubro de balance anual, indicó haber percibido ingresos por $37,6 millones frente a gastos personales que alcanzaron los $36 millones durante el mismo ejercicio.
La salida de la exsubsecretaria no se produjo en un contexto neutral. Ocurrió en el marco de una profunda reestructuración del personal en la Residencia Presidencial de Olivos, donde unos doce empleados civiles fueron desplazados de sus cargos bajo alegaciones vinculadas a razones de seguridad y presuntas filtraciones de información interna. Entre los cesanteados figuró el exadministrador del predio, Osvaldo Sosa, quien está casado con la hermana de Agudiez.
A la controversia por el incremento de fondos se sumó una derivación judicial impulsada desde el Congreso. La diputada nacional Marcela Pagano reflotó una denuncia penal sobre un presunto esquema de corrupción enfocado en las compras públicas de la Secretaría General de la Presidencia. De acuerdo con los términos de la presentación, licitaciones destinadas a la adquisición de toneladas de carne premium y otros alimentos para la Casa Rosada y la Quinta de Olivos habrían sido desviadas de su destino oficial.
La hipótesis investigada apunta a que esos insumos habrían abastecido a un emprendimiento privado de catering regenteado por el matrimonio Sosa-Agudiez. El caso generó un fuerte impacto en los despachos oficiales de Balcarce 50, donde los funcionarios buscan aplacar el avance del escándalo mientras el expediente continúa su trámite en sede administrativa y judicial.
