El Tribunal Oral Criminal N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Sueños Compartidos y condenó a los exfuncionarios José López y Abel Fatala, además de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, exsubsecretario del área, fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En tanto, Sergio Schoklender recibió una pena de 2 años y 8 meses, mientras que Pablo Schoklender fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión condicional, ambos como partícipes necesarios.
El tribunal también absolvió a Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel y Karina Nasif, quienes se desempeñaban como funcionarios en Santiago del Estero.
El fallo fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py. La decisión se conoció un día antes del vencimiento del plazo de prescripción considerado por la Fiscalía.
Las penas impuestas fueron considerablemente inferiores a las solicitadas durante el juicio. El fiscal Diego Velasco había pedido seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, además de cuatro años para los restantes acusados.
Antes de dar a conocer el veredicto, los magistrados rechazaron los planteos realizados por las defensas relacionados con la prescripción de la causa, el plazo razonable y la supuesta nulidad de los alegatos de los acusadores.
Además de las condenas, el tribunal dispuso por mayoría el decomiso de bienes que habían sido cautelados durante la investigación por un monto de $206.438.454,05. Según la resolución, esa suma corresponde a fondos públicos que habrían sido desviados del programa destinado a la construcción de viviendas sociales. El monto deberá actualizarse cuando la sentencia quede firme.
La causa investigó el funcionamiento del programa Sueños Compartidos, vinculado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y las presuntas irregularidades en el manejo de fondos que el Estado nacional había destinado a la construcción de viviendas.
La investigación abarcó el período comprendido entre 2005 y 2011 y puso bajo análisis la ejecución de distintas obras públicas, entre ellas proyectos que habrían sido realizados con sobreprecios y sin los procedimientos de licitación correspondientes.
El juicio oral había comenzado en marzo y llegó a su instancia final con un veredicto que estableció responsabilidades diferentes para los distintos imputados. Mientras algunos fueron condenados por su participación en la administración de los fondos, otros quedaron desvinculados penalmente del caso.
Los fundamentos de las condenas y absoluciones serán dados a conocer en una audiencia prevista para el 13 de noviembre a las 17.
