La causa que sacude al fútbol argentino dio un nuevo giro: Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fueron imputados por la Justicia por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la AFA y de varios clubes del país. La investigación, a cargo del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, apunta a una deuda que supera los 19.000 millones de pesos.
El expediente quedó bajo la supervisión del juez Diego Amarante y representa la primera imputación formal para Tapia y Toviggino en este tipo de causas. Según la denuncia, ambos habrían retenido contribuciones a la seguridad social sin realizar los depósitos dentro de los plazos legales, una conducta que se encuadra en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario.
El fiscal detalló que Tapia, como presidente, es responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA, mientras que Toviggino estaría involucrado en las irregularidades a través de la estructura financiera que administra como tesorero. Por la magnitud de la deuda y la complejidad del entramado económico de la entidad, Navas Rial propuso ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados a empresas asociadas con la asociación, entre ellos Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo.
Esta causa se suma a otras investigaciones que complican a la cúpula de la AFA. Entre ellas, se analiza la compra de una propiedad de lujo en Pilar, presuntamente adquirida mediante testaferros vinculados a dirigentes de la asociación. La Justicia ordenó relevar cámaras de seguridad para rastrear movimientos sospechosos en los días previos al allanamiento, incluyendo traslados de vehículos de alta gama y caballos.
Además, se dispuso un procedimiento sobre la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero presuntamente utilizado en la operación, para obtener el listado de pilotos, pasajeros y vuelos realizados. Estos datos resultan clave para reconstruir los movimientos vinculados a la causa.
Con esta imputación, la Justicia busca determinar la magnitud de las irregularidades y evaluar posibles procesamientos. Las investigaciones reflejan una mirada más profunda sobre la gestión financiera de la AFA y ponen bajo lupa el manejo de fondos que deberían destinarse a aportes previsionales y tributos.
En paralelo, se espera que la instrucción del expediente arroje más detalles sobre las conexiones entre los dirigentes y las empresas involucradas, y sobre la responsabilidad directa de cada uno en la presunta retención indebida de aportes. La causa podría tener consecuencias judiciales y administrativas de gran alcance, tanto para los imputados como para la estructura financiera de la entidad.
La acusación de Navas Rial marca un precedente en la Justicia argentina, al señalar que ni los máximos responsables del fútbol están exentos de responder por irregularidades económicas, y subraya la importancia de garantizar la correcta administración de fondos que afectan directamente a los empleados de los clubes.
