Un calvario de más de una década signado por el hostigamiento telefónico, la angustia constante y la desidia corporativa llegó a un contundente fallo judicial.
La Justicia de Río Negro dictó sentencia a favor de un trabajador que, tras saldar la totalidad de un préstamo bancario en tiempo y forma, continuó siendo acosado durante 12 años por la propia entidad financiera y diversas firmas de cobranza. Desesperado por el miedo a perder su único techo y su vehículo de trabajo, el afectado llegó a pagar la misma deuda tres veces antes de buscar auxilio legal.
La resolución, que fue emitida el 19 de agosto de 2026 por el juzgado de Choele Choel, no solo expuso el funcionamiento impune de la venta de carteras morosas y los métodos de cobranza extrajudicial, sino que también ordenó resarcir el daño moral y aplicar multas por daño punitivo contra las empresas involucradas por infringir sistemáticamente la Ley de Defensa del Consumidor.
El origen: un préstamo transparente que derivó en la trampa
La historia comenzó en 2008, cuando Manuel S. se desempeñaba como operario ferroviario. Como percibía su sueldo a través de un banco privado, la entidad le otorgó un crédito personal de forma casi automática. Sin embargo, la institución omitió entregarle copia del contrato o la documentación explicativa de las condiciones comerciales.
Poco tiempo después de contratar el préstamo, Manuel fue desvinculado de la compañía ferroviaria. Preocupado por mantener sus cuentas al día ante la falta de empleo fijo, tomó la decisión de destinar una parte sustancial de su indemnización laboral a saldar el compromiso por completo y por adelantado.
El primer pago (24/06/2009)
El 24 de junio de 2009, Manuel se presentó en la sucursal bancaria y abonó la suma de $8.793,15. La caja le entregó un recibo con la leyenda express "Cancelación Anticipada". Con ese comprobante en mano y reconvertido laboralmente en albañil independiente, el trabajador asumió que su vínculo con el banco había finalizado con total normalidad.
La reaparición del reclamo y la amenaza sobre el hogar
La tranquilidad duró nueve años. En 2018, la rutina de Manuel se vio abruptamente interrumpida por llamados intimidatorios emitidos desde la Ciudad de Buenos Aires. Del otro lado de la línea, una firma recuperadora de créditos adujo ser la nueva titular del préstamos que el trabajador había cancelado casi una década atrás.
A pesar de que Manuel les explicó repetidamente que el préstamo había sido pagado en 2009, la agresividad de las comunicaciones se intensificó. Los cobradores comenzaron a detallar los datos precisos de su patrimonio: especificaban el número de dominio de su automóvil y la dirección de la casa donde residía junto a su hijo. Con tono perentorio, amenazaron con embargar sus bienes y rematar su vivienda de forma inminente si no abonaba una supuesta regularización.
Aterrorizado por la posibilidad de perder su único techo, sin formación jurídica y sabiéndose en desventaja frente al aparato corporativo, cedió al chantaje coercitivo.
El segundo pago (2018)
Como sus ingresos de obrero no le permitían desembolsar una cifra elevada de contado, pactó con la empresa recuperadora de créditos. Un plan de refinanciación de 8 cuotas fijas de $1.650 cada una (comenzando el primer pago el 20/07/2018 y extendiéndose durante casi un año). Manuel cumplió rigurosamente con cada vencimiento. Al terminar de pagar la última cuota, solicitó la emisión del certificado de "Libre Deuda", pero la firma jamás se lo remitió.
El tercer cobro engañoso y la trágica espiral de chantaje
El infierno extrajudicial se profundizó en 2019. Una nueva agencia gestora, actuando en representación del banco, irrumpió con nuevas amenazas. Esta vez le exigían un pago inmediato en efectivo de $20.000.
Los agentes le indicaron que "ejecuciones penales y civiles" estaban en marcha y que, de no abonar de inmediato, la orden de secuestro del vehículo y el remate de la casa se ejecutarían al día siguiente. Además, utilizaron un recurso de manipulación técnica: le dijeron que, dado que no poseía el papel físico de "Libre Deuda" de sus pagos anteriores, legalmente la obligación seguía estando abierta. Le prometieron que si depositaba los $20.000 solicitados, se le enviaría de inmediato el certificado definitivo para liberarlo de por vida.
El tercer pago (18/06/2019)
Extenuado, sin poder dormir y desesperado por la paz de su hogar, el 18 de junio de 2019 Manuel realizó un tercer depósito por la suma global exigida de $20.000.
Nuevamente, el documento de liberación nunca llegó. Para enero de 2020, las intimaciones regresaron con mayor ferocidad: llamados mediante líneas rotativas a cualquier hora, correos electrónicos masivos y mensajes amenazantes continuaron atosigando al damnificado.
Cronología del abuso financiero
| Fecha | Evento | Detalle del Pago / Acción |
| 2008 | Otorgamiento del crédito | Préstamo personal otorgado por el banco sin entrega de contrato. |
| 24/06/2009 | 1° Cancelación | Pago anticipado total por $8.793,15 tras cobrar indemnización laboral. |
| 25/06/2010 | Cesión ilegal del | El banco cede la supuesta cartera morosa (saldo $5.564,51) a un fideicomiso administrado por una empresa de créditos |
| Julio 2018 - Mayo 2019 | 2° Cancelación | Bajo amenazas de remate por parte de al empresa de créditos, abona plan de 8 cuotas de $1.650 ($13.200 aprox.). |
| 18/06/2019 | 3° Cancelación | Pago único de contado por $20.000 con la promesa del "Libre Deuda". |
| Enero 2020 | Continuación del acoso | Renuevan las amenazas telefónicas. El deudor busca ayuda profesional con una abogada. |
| 28/09/2021 | Demanda Judicial | Se entabla juicio por Daños y Perjuicios por $3.500.000 bajo la Ley de Defensa del Consumidor. |
| 19/08/2026 | Sentencia Judicial | Dictamen de la justicia rionegrina que condena solidariamente a los demandados. |
El reclamo judicial y la insólita defensa de las empresas
Ante el acoso incesante que no cesó ni aun cuando intervino la letrada Carla Espósito, se inició una demanda sumarísima articulada por el abogado Luis Minieri en representación de Manuel, solicitando una indemnización integral de $3.500.000 ($1.000.000 en concepto de Daño Moral y $2.500.000 como Multa por Daño Punitivo).
La postura de la empresa recuperadora de créditos
Al contestar la demanda, las apoderadas de la empresa interpusieron una excepción de falta de legitimación pasiva, alegando no tener una "relación directa de consumo" con el deudor, sino limitarse a ser administradoras del fideicomiso comprador del paquete moroso.
Además, ofrecieron una explicación técnica desprovista de empatía: sostuvieron que de las verificaciones internas surgía que Manuel, al realizar los depósitos en las cuentas recaudadoras, había colocado erróneamente el "Número de Cliente" en los comprobantes de transferencia. Argumentaron que:
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El único pago reconocido para su legajo fue el de $1.600 en julio de 2018.
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Las cuotas restantes del plan de 2018 fueron imputadas por error al legajo de otro cliente (Pedro José Saucedo).
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El pago final de $20.000 en 2019 terminó acreditado a la cuenta de una tercera persona (Lola Roxana Lor).
Bajo estas premisas, la empresa pretendía desligarse de su conducta extorsiva alegando "impericia del propio consumidor" al no verificar las imputaciones contables en los tickets de pago.
La resolución de la justicia: un freno al abuso corporativo
El juzgado rionegrino desestimó de plano los argumentos exculpatorios presentados por los cobradores. En su fallo, la Justicia encuadró el caso bajo el amparo protector de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y el Código Civil y Comercial de la Nación.
En una sentencia emblemática para los derechos de los consumidores en la provincia de Río Negro, la Justicia resolvió condenar de manera solidaria al banco, a la empresa recuperadora del crédito y a la empresa interviniente en el cobro del préstamo por la persecución e intimidación ejercida contra Manuel.
El fallo, dictado por la jueza Natalia Costanzo, titular del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y de la Propiedad N° 31 de la IV Circunscripción Judicial, determinó que Manuel deberá ser indemnizado por $5.500.000 más los intereses correspondientes desde la fecha de los hechos.
