Un malestar extendido recorre a las entidades rurales desde que la legisladora bonaerense Lucía Klug (Unión por la Patria) presentó un proyecto para crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano Bovino” (TAMBA). La iniciativa propone gravar las emisiones de gas metano del ganado, un planteo que reavivó tensiones históricas entre el sector productivo y la Legislatura provincial.
"Una cosa increíble": la reacción de CARBAP
Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), puso en palabras el fastidio del sector. En diálogo con el programa "Vamos Rivadavia" por Radio Rivadavia, sostuvo que la propuesta es “una cosa increíble” y advirtió que afecta de manera directa a quienes producen.
Recordó que el proyecto “está hace unos meses”, aunque ganó visibilidad en los últimos días, y apuntó contra la Legislatura bonaerense porque “lo único que se le puede ocurrir es gravar cada vez más a los que producen”. El dirigente dijo que dialogó con Klug y que la diputada entiende que una tasa ambiental podría “concientizar a los productores” y generar un fondo para mitigar la contaminación. Su respuesta fue tajante: “Lo que creen es que gravando y generando más impuestos algo va a cambiar por una cuestión de intención nomás”.
El debate técnico según CARBAP
Kovarsky rechazó los fundamentos ambientales de la iniciativa. Aseguró que el proyecto “carece de sustento” y que “en el mundo ya ni siquiera se habla de emisión como refiere este proyecto”. Subrayó que hoy el eje está puesto en el “balance de carbono” y explicó que el metano generado por el ganado “en 9 a 12 años se disocia en vapor de agua y carbono”.
Luego completó la idea con un dato que considera central: ese carbono se convierte en el “sustento fundamental para el pasto y para las plantas para producir oxígeno y materia verde”. Desde ese enfoque, afirmó que el proceso forma parte de un ciclo natural y no de una contaminación en los términos planteados por la iniciativa.
Además, marcó que existe “un error conceptual de la diferencia de contaminación y emisión” y precisó que, dentro de la ganadería argentina, “el feedlot es lo que menos se hace”. Desde esa premisa, sostuvo que el proyecto pone el foco “en uno de los sectores que menos emiten” y advirtió sobre una “desinformación abismal” entre los impulsores.
La iniciativa también generó rechazo en la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuyo presidente, Carlos Castagnani, difundió un duro comunicado. La entidad sostuvo que “una diputada impulse cobrar un impuesto por los gases que emiten las vacas no es una discusión ambiental: es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.
Para CRA, el proyecto no aporta soluciones técnicas y agrega presión fiscal a un sector “que enfrenta una de las cargas impositivas más altas del planeta”. La entidad respaldó la crítica de CARBAP al afirmar que “cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.
El impacto productivo en el centro de la discusión
CRA destacó que la ganadería argentina genera miles de empleos, sostiene economías regionales y mantiene al país entre los principales exportadores de carne del mundo. En esa línea, rechazó lo que describió como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia” y reclamó políticas públicas que impulsen la innovación y la eficiencia en lugar de nuevos impuestos.
“La ganadería argentina alimenta al mundo y es una de las principales fuentes de trabajo en el país. Inventar una ‘Tasa Ambiental sobre el Metano’ es simplemente seguir esquilmando al que produce”, expresó la entidad en su comunicado, donde también cuestionó la ausencia de propuestas técnicas “serias o viables”.
Un sector a la defensiva
Mientras avanza el debate legislativo, las entidades rurales volvieron a cerrar filas. CRA anunció que continuará defendiendo “la producción, el trabajo y las familias” del sector agropecuario y exigió que las políticas públicas acompañen su desarrollo, en lugar de “desfinanciarlo” con proyectos como la TAMBA.
El rechazo al impuesto al metano, amplificado en las últimas horas, dejó una imagen clara: para el campo, la iniciativa no solo es un nuevo tributo, sino un tributo surgido —como señaló Kovarsky— de una “desinformación abismal” sobre cómo funciona su actividad.
