Una nueva disputa interna dentro del oficialismo quedó expuesta en el Senado durante la sesión en la que se debatían designaciones para distintos cargos judiciales. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su malestar por los cambios realizados sobre la nómina de postulantes y responsabilizó a la conducción del bloque de La Libertad Avanza por la falta de previsibilidad en la organización del debate.
La tensión se produjo luego de que el listado de pliegos judiciales incluidos en el orden del día se ampliara significativamente respecto de lo acordado en las instancias previas de negociación parlamentaria. Según trascendió, la sesión iba a tratar inicialmente medio centenar de designaciones, pero la cifra fue creciendo en las horas previas hasta superar las setenta postulaciones.
El incremento generó cuestionamientos desde la Presidencia de la Cámara alta, que consideró insuficiente el tiempo disponible para analizar la documentación correspondiente a cada uno de los candidatos. En ese contexto, Villarruel expresó públicamente su desacuerdo con la manera en que se incorporaron los nuevos expedientes y advirtió sobre la necesidad de garantizar procedimientos más ordenados para abordar nombramientos de magistrados.
El episodio volvió a reflejar las diferencias que atraviesan al oficialismo en distintos ámbitos de gestión y representación política. Aunque las tensiones entre sectores del espacio libertario ya habían quedado en evidencia en otras oportunidades, esta vez el foco estuvo puesto en la estrategia parlamentaria vinculada a la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
Detrás de la controversia aparece además la situación de la jueza María Verónica Michelli, cuya candidatura se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la discusión. El pliego había logrado avanzar en la Comisión de Acuerdos con respaldo de legisladores pertenecientes a distintas fuerzas políticas, lo que le permitía llegar al recinto con posibilidades de obtener la aprobación necesaria.
Sin embargo, un cambio de criterio dentro del Poder Ejecutivo alteró el escenario. La decisión de retirar el impulso político a esa postulación generó incertidumbre sobre el futuro del expediente y abrió interrogantes respecto de los alcances de la medida una vez que el pliego ya cuenta con dictamen favorable de comisión.
La situación también provocó movimientos entre los distintos bloques de la Cámara alta. Legisladores opositores aprovecharon el debate para poner de relieve las diferencias existentes dentro del oficialismo y cuestionaron la falta de una posición unificada sobre temas considerados estratégicos para el funcionamiento de la Justicia.
En medio de ese escenario, Villarruel ratificó su postura de respetar los mecanismos institucionales y sostuvo que los expedientes deben seguir el curso establecido por el reglamento parlamentario. Desde su entorno remarcaron que la vicepresidenta busca preservar el funcionamiento del Senado y garantizar que las decisiones se adopten en función de los consensos alcanzados por los legisladores.
La discusión por los pliegos judiciales sumó así un nuevo capítulo a las tensiones políticas que atraviesan al oficialismo. Más allá del resultado de las votaciones, el episodio dejó al descubierto diferencias de criterio sobre la conducción parlamentaria y la estrategia para avanzar con designaciones clave dentro del sistema judicial.
Con el Senado nuevamente en el centro de la escena política, el tratamiento de los nombramientos judiciales se transformó en un factor de disputa que excede la cuestión administrativa y expone las dificultades para sostener acuerdos dentro del propio espacio de gobierno.
