Cuando se conoce una condena de doce años por un homicidio y la noticia central es que el acusado no irá a una cárcel común, cuesta no mirar el expediente con un nudo en el estómago.
El fallo contra Cristian "El Pity" Álvarez por asesinar a sangre fría a Cristian "El Gringo" Díaz, en Villa Lugano, deja flotando esa pregunta incómoda que nos hacemos todos los días: ¿de verdad somos iguales ante la ley o hay una justicia VIP para los nombres que suenan en la tele, en la política o con cuentas bancarias millonarias?
Solo hace falta ponerse en los zapatos de cualquier vecino de a pie, de un laburante que se rompe el lomo para llegar a fin de mes y que no conoce a nadie en Tribunales ¿Qué pasaría si un don nadie comete el mismo crimen, tendría el beneficio de la prisión domiciliaria? La respuesta nos golpea en la cara antes incluso de leer los fundamentos del tribunal. A un ciudadano común, sin chapa ni contactos, la puerta del pabellón se le cierra en la cara y la palabra "domiciliaria" le suena a ciencia ficción jurídica, reservada para unos pocos privilegiados.
La resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que ordena cumplir la pena en una casa recién cuando termine una internación psiquiátrica involuntaria de casi cincuenta días, expone una grieta enorme entre el papel y la calle. Mientras la defensa tiene cinco días para proponer un domicilio y referentes, y se evalúa una pulsera o vigilancia electrónica, el común de la gente ve cómo los tiempos y las excepciones se estiran cuando hay peso mediático o representación de alto perfil.
¿Otra vez la justicia argentina vuelve a demostrarnos que hay argentinos de primera, de segunda y de cuarta? Es inevitable sentir esa bronca sorda cuando las partes terminan conformes con un escenario que evita la cárcel efectiva, pese a que la fiscalía había pedido dieciocho años y medio tras las rejas. Para quien perdió a un ser querido o para quien mira desde afuera sin privilegios, ver que la pena se acomoda entre internaciones, cómputos de encierros previos en Ezeiza o arrestos en casas de familiares se parece demasiado a un traje a medida.
Incluso se cuela en la discusión la idea de posibles salidas laborales para reparar económicamente a la hija adolescente de la víctima, un punto que quedará pendiente de aclaración cuando salgan los fundamentos. Todo suena prolijo en términos procesales, casi técnico, pero desde la vereda de enfrente la sensación es otra: la sensación de que el sistema penal argentino tiene amortiguadores blandos para ciertos apellidos y paredes de hormigón para el resto.
Quienes transitamos las crónicas judiciales sabemos que los expedientes no se resuelven en el vacío, sino en un entramado donde la salud mental, los plazos y las estrategias legales pesan. Sin embargo, cuando la ciudadanía percibe que el rigor de la ley cambia según el cartel del imputado, la confianza se erosiona hasta el fondo. No es solo una discusión técnica sobre si corresponde o no un arresto domiciliario; es el desgaste diario de sentir que la vara no es la misma para todos.
A esta altura, la indignación ya no pasa solo por un fallo puntual sino por la acumulación de señales que alimentan el descreimiento generalizado. Cada vez que se habilita un beneficio excepcional para alguien con visibilidad o respaldo, se refuerza la idea de que en este país tener contactos o fama funciona como un salvavidas frente al rigor penal. Y ahí es donde la crítica se vuelve más ácida, porque lo que está en juego no es un tecnicismo sino el sentido mismo de la justicia en Argentina.
Tal vez el problema de fondo sea todavía más profundo y nos obligue a meter el dedo en la llaga, mirar directo hacia el corazón podrido del sistema institucional y preguntarnos sin anestesia: ¿es la justicia la responsable de todos los males de la Argentina? Por su corporativismo blindado a la hora de juzgar, es una pregunta que resuena con furia cada vez que un fallo parece proteger privilegios, acomodos y apellidos ilustrados en lugar de dar respuestas claras a una sociedad que ya no les cree nada.
Lo real —y lo que hace crujir los escritorios de Tribunales— es que esa pregunta incomoda a todo el sistema, pero resume con crudeza el hartazgo de tanta desigualdad percibida por una ciudadanía cada vez más golpeada, estafada y usada de rehén. Mientras el laburante de a pie paga cada error con cárcel efectiva, expedientes eternos y abandono estatal, la casta judicial sigue jugando a su propio juego, repartiendo clemencia a medida y tirándole migajas de explicaciones a un pueblo cansado de ver cómo la ley se dobla justo donde le conviene.
Por Luis Rodriguez