El sábado por la mañana, cuando todo estaba listo para detenerlo, Carlos “Conejo” Martínez desapareció. El exintendente de Aguas Blancas, en el departamento de Orán, se esfumó justo en el instante en que las fuerzas federales se acercaban a su domicilio. Desde entonces permanece prófugo y con pedido de captura vigente.
La investigación lo señala como el presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. El escape tan oportuno generó de inmediato la sospecha de que alguien le habría avisado del operativo. Esa posibilidad de filtración todavía no está confirmada, pero circula con fuerza entre quienes siguen de cerca la causa.
El operativo no se limitó a buscar al exjefe comunal. En total se realizaron 32 allanamientos en distintas localidades de la zona. Once personas quedaron detenidas, entre ellas varios integrantes de su entorno familiar y dos contadores que habrían manejado parte de las operaciones económicas bajo la lupa.
Otro de los sospechosos también logró escapar y hoy se encuentra prófugo. La lista de involucrados creció a medida que avanzaban los registros y se secuestraba documentación vinculada a movimientos de dinero que, según la hipótesis oficial, habrían tenido origen en el tráfico de drogas.
La pesquisa se extendió durante casi dos años antes de llegar a esta etapa de detenciones. En ese tiempo se reunieron elementos que permitieron armar el armado de la organización y el rol que, según la fiscalía, habría ocupado Martínez al frente del esquema de lavado.
Este martes se llevó adelante la audiencia de imputación. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, encabezó la audiencia que se prolongó durante seis horas. Allí se formalizaron las acusaciones contra los detenidos y se evaluó la situación procesal de cada uno.
Al finalizar, el magistrado dispuso la prisión preventiva efectiva para siete de los imputados. Al mismo tiempo fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía termine de cerrar la investigación y avance hacia la etapa siguiente del proceso.
