En el marco de una investigación por amenazas e intimidaciones en distintos colegios de Salta, la Justicia avanzó en las últimas horas con nuevas detenciones y el total de involucrados asciende a seis personas, entre ellos cuatro jóvenes mayores de edad y dos menores. Los hechos generaron preocupación en la comunidad educativa de la capital y del interior provincial, en una semana marcada por la aparición de mensajes alarmantes en establecimientos escolares.
Las causas se concentran en distintos episodios ocurridos en colegios de Salta capital y localidades del interior, donde se detectaron grafitis y mensajes con advertencias de posibles hechos violentos. Ante la gravedad de las denuncias, intervino la Fiscalía Penal 3 del Distrito Centro, que coordina la investigación junto a fuerzas de seguridad y organismos judiciales especializados en menores.
Uno de los casos más relevantes se registró en el Colegio Walter Adet, en barrio Santa Ana I, donde aparecieron inscripciones intimidatorias en un baño de la institución. A partir de ese hecho, y con autorización judicial, fueron detenidos tres estudiantes: dos jóvenes de 18 y 19 años y un menor de 17. Todos quedaron imputados por el delito de intimidación pública y serán formalmente acusados en una audiencia prevista para este sábado.
La investigación sostiene que los mensajes hacían referencia a supuestos hechos a concretarse en los próximos días, lo que activó protocolos de seguridad dentro del establecimiento. Según la información incorporada al expediente, un ordenanza habría visto a los alumnos ingresar al sector donde luego aparecieron los grafitis. Al ser consultados, los jóvenes señalaron que se trataba de un “reto”, una versión que ahora es analizada en el marco de la causa.
En paralelo, se sumaron otros procedimientos en distintos puntos de la provincia. En la ciudad de Salta, dos alumnos de una escuela técnica fueron detenidos tras ser señalados por la emisión de mensajes similares. Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.
A su vez, en Rosario de la Frontera, un menor fue demorado en el marco de un hecho de características parecidas ocurrido en un colegio local, lo que amplió el alcance territorial de la causa. Con estos procedimientos, la investigación ya abarca tanto la capital como el interior salteño.
Las autoridades judiciales trabajan sobre la hipótesis de que no se trataría de hechos aislados, sino de una serie de episodios con patrones similares. En varios establecimientos educativos se detectaron mensajes escritos en baños o difundidos a través de redes sociales, con advertencias sobre posibles situaciones de violencia.
Entre los colegios donde también se registraron alertas figuran instituciones de la capital salteña, donde se reforzaron medidas preventivas, con mayor presencia policial y controles internos para llevar tranquilidad a estudiantes, docentes y familias.
Desde el ámbito judicial se recordó que la intimidación pública es un delito previsto en el Código Penal, con penas que pueden ir de dos a seis años de prisión. En ese marco, se continúa con la recolección de pruebas, análisis de dispositivos electrónicos y toma de declaraciones para determinar responsabilidades.
Mientras avanza la causa, las próximas horas serán clave con la realización de audiencias de imputación que permitirán formalizar las acusaciones contra los detenidos y ordenar los pasos siguientes de la investigación, que sigue abierta y bajo estricto seguimiento de la Justicia salteña.
