En el marco de una investigación desarrollada por la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, el juez federal de Garantías de esa ciudad, Gustavo Montoya, declaró la legalidad de la detención de los líderes y un integrante de una organización que alquilaba fincas agrícolas para acopiar drogas. Los tres hombres fueron apresados el sábado en Colonia Santa Rosa.
Así, el magistrado admitió la imputación de la fiscalía en su contra, dispuso la prisión preventiva por el plazo de 90 días y otorgó 120 días para profundizar la investigación.
En la audiencia, los hermanos A.R., J.R y el ciudadano venezolano J.B. fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores. También, se imputó a los dos hermanos por el transporte de estupefaciente agravado por el número de participantes.
Al presentar el caso, el fiscal Romero, explicó que la detención de los tres hombres complementa la investigación iniciada el 7 de enero, en la que fueron imputados otros cinco miembros de la organización.
En aquella ocasión, personal de Gendarmería Nacional recibió una denuncia anónima. En virtud de ello, realizaron un procedimiento en una estación de servicio de Pichanal, en la que se detuvo a D.L.G.C.. El hombre conducía un camión con semirremolque que trasladaba cajones con berenjenas.
Al requisar la carga con el perro antinarcóticos "Orfeo", los gendarmes constataron la presencia de 30 kilos de cocaína camuflados entre los cajones de berenjenas. También, se detuvo a J.P.C. quien conducía el auto Volkswagen Gol en el que viajaba junto a J.A., E.J.A. y J.C.Y.
Los cinco detenidos fueron imputados por el transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y se les dictó la prisión preventiva.
El resultado de los peritajes sobre los equipos telefónicos y el aporte, en calidad de arrepentidos, de tres de los detenidos, permitió verificar la participación de los dos hermanos, como jefes de la organización, y de J.B. quien había llegado a Colonia Santa Rosa, hacía meses.
La fiscalía pudo establecer que los dos hermanos alquilaron tres lotes en esa ciudad, donde cultivaban tomates y verduras para ocultar la actividad ilícita y poder sacarla luego.
Así, se efectuaron tareas de vigilancia sobre otros inmuebles, en uno de los cuales funcionaba el pool "El Bunker", y se identificaron varias camionetas que usaban para ir de una finca a otra, con la excusa de tareas agrícolas. La fiscalía estableció que traían la droga de Bolivia hasta un establecimiento rural ubicado en cercanía del Río Colorado.
Tras confirmar el lugar de almacenamiento de la droga, el juez Montoya ordenó ocho allanamientos. Así, en una de las fincas donde se cultivaban tomates encontraron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas que contenían un total de 171,450 kilos de cocaína, dispuestos en 170 paquete.
Detenidos poderosos
En función de la gravedad del caso, su naturaleza compleja, dada la logística y el poderío económico que poseen sus principales imputados, el fiscal Romero solicitó la prisión preventiva de los tres hombres.
La defensa solicitó que se dispusiera el arresto domiciliario. Sin embargo, la fiscalía rechazó el planteo y destacó que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional emitido por el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, en el marco de otra investigación, y que el Juzgado de Garantías del partido bonaerense de Lanús, había declarado en rebeldía a J.R..
Finalmente, el juez Montoya rechazó los planteos de la defensa.
