Una familia fue detenida en Salta acusada de comercializar drogas en barrio Ceferino, luego de una investigación que incluyó denuncias anónimas, tareas de vigilancia y un allanamiento que terminó con el secuestro de más de un kilo de cocaína y más de tres millones de pesos en efectivo.
El fiscal penal de la UFINAR imputó provisoriamente a un hombre de 52 años y a tres mujeres de su grupo familiar por el delito de venta de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas. Los cuatro imputados, asistidos por defensores oficiales, optaron por no declarar durante la audiencia judicial.
La pesquisa se inició a mediados de 2025 a partir de denuncias web anónimas que alertaban sobre la actividad ilegal en la zona conocida como El Bajo. Con esa información, la Fiscalía coordinó tareas de campo para verificar los movimientos sospechosos y monitorear la vivienda involucrada.
El seguimiento permitió identificar un patrón de venta constante: jóvenes y adultos se acercaban diariamente a comprar dosis fraccionadas. Además, se comprobó que los acusados utilizaban a personas vulnerables, algunas con problemas de consumo, como “campanas” o “teros” para alertar sobre la presencia policial a cambio de drogas.
El allanamiento se concretó el 5 de febrero y arrojó resultados contundentes: más de un kilogramo de cocaína distribuida en distintos sectores del domicilio, envoltorios listos para la venta, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares y $3.258.000 en efectivo.
Tras el procedimiento, los cuatro familiares fueron detenidos y alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, a disposición de la Justicia. La causa continúa abierta para determinar si existen otras conexiones de la red de narcotráfico en distintos barrios de la ciudad.
El operativo refleja un trabajo coordinado entre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad locales, con el objetivo de reducir el tráfico de drogas en barrios sensibles de Salta. Los vecinos, que habían denunciado anónimamente la venta de drogas, destacaron la importancia de estos procedimientos para recuperar la seguridad en la zona.
El caso vuelve a poner en evidencia la presencia de redes familiares dedicadas al narcotráfico en la ciudad y la necesidad de acciones judiciales rápidas para proteger a los barrios más afectados, especialmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.
