Un hombre de 45 años fue imputado en Colonia Santa Rosa por presuntamente amenazar de muerte a su expareja e ingresar sin autorización a su vivienda, pese a tener vigentes medidas judiciales que le prohibían acercarse a ella y ejercer cualquier tipo de violencia. El episodio ocurrió el pasado 1 de noviembre en el barrio Municipal y terminó con la intervención policial y la demora del acusado.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Pichanal, a través de su delegación en Colonia Santa Rosa. La fiscal penal María Sofía Fuentes imputó provisionalmente al hombre por los delitos de desobediencia judicial, amenazas y violación de domicilio, contemplados en los artículos 239, 149 bis y 150 del Código Penal.
Luego de la audiencia de imputación, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.
Según consta en la investigación, el hecho se produjo durante la tarde del 1 de noviembre, cuando el hombre se presentó en el domicilio de su expareja, ubicado en el barrio Municipal de esa localidad del norte salteño. Una vez en el lugar, habría comenzado a insultarla y amenazarla de muerte.
La situación se agravó cuando ingresó al inmueble sin autorización de la mujer. De acuerdo con las actuaciones, una vez dentro continuó con las agresiones verbales y comenzó a golpear distintos objetos de la vivienda, provocando desorden en el interior del domicilio.
Ante el episodio de violencia, se solicitó la intervención de la Policía. Cuando los efectivos llegaron a la propiedad, encontraron al sospechoso dormido en el interior de la vivienda, por lo que procedieron a demorarlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
Uno de los elementos centrales de la investigación es que el hombre tenía medidas judiciales vigentes que le impedían acercarse a su expareja, ingresar a su domicilio y ejercer cualquier tipo de violencia física o verbal en su contra.
Estas disposiciones habían sido ordenadas el 19 de junio de 2026 por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Orán. El acusado se encontraba debidamente notificado de las restricciones, por lo que su presunto comportamiento podría constituir un incumplimiento de una orden judicial.
A partir de estos antecedentes, la Fiscalía consideró que existen elementos para investigarlo por tres figuras penales diferentes. La primera es desobediencia judicial, vinculada con el presunto incumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la Justicia. También se le atribuyen amenazas y violación de domicilio por los hechos denunciados por la mujer.
La causa continuará bajo investigación de la Fiscalía Penal de Pichanal, que solicitó mantener al imputado detenido tras la audiencia correspondiente.
El episodio vuelve a poner en foco la importancia del cumplimiento de las medidas de protección dictadas en situaciones de violencia familiar y de género, especialmente aquellas que establecen exclusión del hogar y prohibiciones de acercamiento. En este caso, la investigación busca determinar las responsabilidades del acusado frente a un presunto incumplimiento de las restricciones que habían sido dispuestas para resguardar la integridad de su expareja.
