El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta dio inicio al juicio contra doce personas acusadas de montar una infraestructura de contrabando a gran escala en el norte provincial. La investigación, llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán a cargo de Marcos Romero, acusa a los involucrados de integrar una asociación ilícita dedicada al ingreso ilegal de mercadería desde Bolivia, cobrando peajes y aranceles de paso en un predio colindante con el río Bermejo.
La maniobra tenía como centro de operaciones la finca conocida como "Carina", situada a la altura del kilómetro dos de la Ruta Nacional 50, a pasos de Aguas Blancas. El predio, estratégico por su salida directa al límite natural con el país vecino, era utilizado para recibir gomones repletos de bultos. De acuerdo a la acusación formal expuesta ante los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, los imputados habilitaron y mantuvieron un camino clandestino interno para conectar la ribera con el trazado nacional.
La red delictiva funcionaba con la precisión de una entidad estatal. La fiscalía precisó que la banda cobraba un canon fijo a cada vehículo que ingresaba al predio y una tasa extra por cada bulto transportado. El predio contaba con sectores de cobro, servicios de seguridad, comedores improvisados y áreas destinadas al servicio de gomería para asistir a los fleteros. Estimaciones de la investigación calculan un flujo diario de aproximadamente 300 vehículos y una recaudación que rondaba los tres millones de pesos por jornada.
Un informe técnico elaborado por la División Aduana de Orán (ARCA-DGA) calculó que el movimiento económico derivado de la circulación de mercadería no declarada en el predio rozó los 3.000 millones de pesos en un periodo de trece meses. La estructura operativa se dividía en subgrupos con roles marcados, que abarcaban desde la logística del cruce fluvial hasta la administración de los cobros en los portones de acceso.
Para desarticular la organización, las fuerzas federales desplegaron tareas de inteligencia de campo, intervenciones telefónicas y la figura del agente revelador, coordinados por la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. Las operaciones culminaron con un allanamiento masivo donde se concretaron las detenciones, el secuestro de documentación clave y el cierre definitivo del predio.
Entre los juzgados se encuentran José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Virginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo. En tanto, tres sospechosos más —incluido el presunto cabecilla capturado en Bolivia— permanecen con causas en trámite. Finalizados los alegatos de apertura, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima semana para continuar con las declaraciones testimoniales.
