Un hombre fue condenado a 20 años de prisión efectiva en Salta tras ser hallado culpable de múltiples delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de sus tres hijas menores de edad. La sentencia fue dictada luego de un juicio en el que se acreditó un grave cuadro de violencia intrafamiliar sostenida, con impacto directo en la salud física y emocional de las víctimas.
La resolución judicial dispuso además su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1 y la inscripción en el Registro Provincial de Condenados vinculados a delitos contra la integridad sexual, conforme a la Ley 7775.
Durante el proceso, la Fiscalía expuso pruebas científicas y pericias médicas que confirmaron indicadores compatibles con abuso sexual en las tres niñas. También se valoró el contexto de extrema vulnerabilidad en el que ocurrieron los hechos, marcado por la convivencia con el agresor y situaciones de aislamiento aprovechadas dentro del ámbito familiar.
Según se determinó en el debate, los abusos se habrían desarrollado en momentos en que la madre se ausentaba del hogar por motivos laborales, siendo el único sostén económico del grupo familiar. En ese contexto, el acusado habría ejercido mecanismos de control y amenazas para silenciar a las víctimas, generando un clima de temor constante.
Una de las niñas, de 10 años, no solo relató haber sido víctima directa, sino también haber presenciado agresiones contra sus hermanas menores, intentando en distintas oportunidades intervenir para protegerlas. Los testimonios incorporados al juicio también dieron cuenta del profundo impacto emocional generado en el núcleo familiar.
Profesionales de la salud mental que intervinieron en la causa remarcaron durante el juicio que el daño psicológico se potencia cuando el agresor pertenece al entorno más cercano, especialmente en casos de vínculo paterno-filial. En este caso, se constataron secuelas emocionales persistentes y afectaciones en el desarrollo escolar de las menores.
Asimismo, se destacó que dos de las niñas presentan condiciones de mayor vulnerabilidad por retraso madurativo, lo que incrementó su situación de indefensión frente a los hechos investigados.
La fiscal interviniente, Celina Morales Torino, sostuvo durante el debate que el entorno familiar fue completamente vulnerado y que el rol de cuidado fue reemplazado por una dinámica de sometimiento y violencia. En su exposición final remarcó la gravedad del daño causado y la prolongación de los hechos en el tiempo.
El tribunal también valoró la existencia de corrupción de menores agravada y otros delitos conexos, todos cometidos en concurso real e ideal, lo que agravó la pena impuesta. La sentencia marca el cierre de un proceso judicial en el que se consideró probado un patrón sostenido de abuso y manipulación dentro del hogar.
Con esta decisión, la Justicia de Salta avanzó en una condena que busca reparar, en términos institucionales, la gravedad de los hechos y el impacto profundo que dejaron en las víctimas y su entorno familiar.
