Una empleada administrativa fue condenada en Salta por una maniobra fraudulenta vinculada a la emisión de aptos médicos para licencias de conducir. La acusada reconoció haber cargado certificados falsos en el sistema oficial, permitiendo que miles de personas aparecieran como aptas sin haber pasado por controles psicofísicos reales.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, luego de que la mujer admitiera su responsabilidad penal frente a las pruebas reunidas durante la investigación. Como resultado, recibió una condena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por lo que no irá a la cárcel si cumple las condiciones impuestas por la Justicia.
Además, deberá observar reglas de conducta durante tres años y afrontar una importante reparación económica por el perjuicio causado. También se dispuso remitir copia de la condena a los organismos que intervienen en la emisión y fiscalización de licencias de conducir para que tomen conocimiento de lo resuelto.
La condenada fue identificada como María Macarena Porcel García, quien se desempeñaba como empleada administrativa de la Clínica Cruz Azul SRL, institución prestadora de estudios psicofísicos requeridos para licencias profesionales.
La investigación comenzó a fines de diciembre, cuando representantes de la empresa detectaron inconsistencias internas y denunciaron posibles irregularidades vinculadas a cobros por prestaciones no realizadas y certificados emitidos sin atención médica efectiva.
A partir de esa presentación, se solicitó un informe oficial sobre los aptos emitidos durante 2025. El cruce entre el sistema interno utilizado por la clínica y la base oficial reveló una diferencia alarmante: 3.477 certificados habían sido cargados sin respaldo en consultas reales.
Eso significa que igual cantidad de personas figuraban como aptas para tramitar o renovar licencias de conducir sin haber sido sometidas a estudios médicos, psicológicos o controles correspondientes. La maniobra encendió fuertes alertas no solo por el perjuicio económico, sino también por el riesgo para la seguridad vial.
Con la intervención de especialistas en delitos económicos, se analizaron sistemas informáticos, movimientos digitales y bases de datos. Ese trabajo permitió vincular las cargas irregulares con la empleada ahora condenada.
La pesquisa también incluyó pedidos de información a entidades bancarias y plataformas financieras para rastrear movimientos de dinero. Según se determinó, existía una marcada desproporción entre los ingresos declarados por la acusada y el dinero que circulaba por sus cuentas.
Los investigadores detectaron además transferencias realizadas por terceros cuyos datos coincidían con personas registradas en la clínica, lo que fortaleció la hipótesis de un cobro irregular por cada apto médico cargado de manera falsa en el sistema.
La mujer fue detenida el pasado 8 de abril y posteriormente avanzó un acuerdo judicial en el que reconoció haber cometido el delito de administración fraudulenta.
En concepto de reparación, la Justicia dispuso que 294.860 pesos y 1.050 euros secuestrados durante la causa queden a favor de la clínica damnificada. A eso se suma la obligación de pagar 15 millones de pesos en cuotas al establecimiento de salud.
El caso tuvo fuerte repercusión en Salta por el impacto directo sobre el sistema de licencias de conducir profesionales, un trámite clave para choferes de colectivos, camiones, transporte de cargas y otros rubros donde la aptitud psicofísica resulta obligatoria.
La emisión irregular de certificados médicos no solo representa un fraude económico para la institución afectada, sino que puede comprometer controles esenciales destinados a verificar condiciones de salud visual, motriz y psicológica de quienes circulan al volante.
Ahora, con la sentencia firme, se abre una nueva etapa administrativa en la que distintos organismos podrán revisar los registros involucrados y determinar si corresponde adoptar otras medidas respecto de licencias emitidas en ese período.
El expediente volvió a poner en foco la necesidad de reforzar auditorías internas, controles digitales y mecanismos de trazabilidad en trámites sensibles, especialmente aquellos vinculados con la seguridad vial y la circulación en rutas y ciudades de Argentina.
