La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, desarticularon una presunta red de explotación sexual de menores que operaba alrededor de un colegio secundario en la capital provincial. La investigación comenzó tras denuncias de madres que detectaron movimientos de dinero sospechosos y chats inquietantes en los celulares de sus hijas.
Según el expediente, una de las denunciantes explicó que al revisar el teléfono de su hija, identificada como J. para preservar su identidad, encontró transferencias de dinero y mensajes que indicaban “Fuiste a la cita programada”, junto con propuestas para incorporar a su hermana menor, de apenas 12 años, a la red.
En paralelo, otra familia denunció que un compañero de curso, identificado como W. en la causa, intentaba captar a dos adolescentes de 13 y 16 años a la salida del colegio. Un remisero de 63 años esperaba en las inmediaciones mientras W. hacía de intermediario, presentando a los adultos interesados. Según la denuncia, los pagos ofrecidos llegaban hasta $200.000 por mantener relaciones sexuales con víctimas vírgenes y $60.000 por un beso, de los cuales el intermediario cobraba la mitad como comisión.
Las entrevistas en Cámara Gesell confirmaron que los encuentros sexuales se realizaban en distintos hoteles de la ciudad. El remisero coordinaba los traslados y facilitaba el contacto con varios adultos, quienes incluso ofrecían alcohol y drogas antes de los abusos. Los testimonios reflejan un patrón sistemático de captación y explotación, que incluía presión sobre las víctimas y control sobre sus familiares para sostener la red.
Como resultado de la investigación, la PSA realizó varios allanamientos en domicilios de la capital salteña, donde se secuestraron computadoras, celulares, discos duros, marihuana y otros elementos vinculados al delito. Cuatro hombres quedaron detenidos y la fiscalía continúa trabajando para identificar nuevas víctimas y posibles responsables adicionales.
El caso generó conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad local, que sigue de cerca el avance de la investigación. Las autoridades destacan la importancia de denunciar cualquier sospecha de captación de menores y de acompañar a las familias en la prevención de situaciones de explotación sexual.
