La causa que investiga una presunta estafa vinculada a la comercialización de lotes inhabitables e inundables en la zona de Atocha registró un nuevo avance este lunes con la detención de un hombre mayor de edad señalado como integrante de una organización que habría engañado a cientos de familias salteñas mediante falsas promesas de acceso a terrenos.
La medida fue dispuesta en el marco de una investigación que ya acumula alrededor de 40 denuncias formales y que busca determinar las responsabilidades de las personas involucradas en una maniobra que habría generado importantes perjuicios económicos a vecinos de distintos sectores del área metropolitana de Salta.
Según la hipótesis de los investigadores, la organización operaba mediante intermediarios que identificaban y contactaban a familias en situación de vulnerabilidad económica. A través de promesas de adjudicación de terrenos, se les solicitaban importantes sumas de dinero bajo el supuesto objetivo de acceder a lotes que finalmente no reunían las condiciones necesarias para ser habitados.
La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria para el nuevo detenido fue programada para este martes 2 de junio, oportunidad en la que se conocerán los detalles de la imputación que impulsará el Ministerio Público Fiscal.
La investigación se desarrolla bajo la conducción de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes trabajan en el esclarecimiento de una maniobra que habría alcanzado una magnitud considerable en la provincia.
El expediente tuvo su origen en la denuncia presentada por un hombre de 35 años ante la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro. El denunciante aseguró haber sido víctima de un engaño relacionado con la compra de un terreno en la zona de Atocha, una situación que posteriormente permitió detectar numerosos casos con características similares.
De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los hechos investigados se remontan al año 2023. Tras una ocupación ilegal de terrenos ubicados en las inmediaciones del río Arias y el posterior desalojo realizado por las fuerzas de seguridad, apareció una persona que se presentaba como abogado y ofrecía asistencia legal a las familias afectadas.
La propuesta consistía en supuestas gestiones destinadas a regularizar la situación de los ocupantes y facilitar el acceso a terrenos. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la legalidad de los trámites y la autenticidad de las promesas realizadas.
Los investigadores sostienen que la maniobra habría involucrado a cerca de 400 personas, quienes realizaron pagos que, según cada caso, oscilaron entre los 500 mil pesos y montos cercanos a los 8 millones de pesos por grupo familiar.
Las entregas de dinero se efectuaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias. En varios casos, los damnificados señalaron que los pagos se concretaban en domicilios particulares o en oficinas privadas y que la documentación respaldatoria entregada presentaba irregularidades o era insuficiente para acreditar la operación.
Uno de los momentos clave de la investigación ocurrió el pasado 16 de abril, cuando un grupo de personas afectadas se presentó en Casa de Gobierno para solicitar explicaciones sobre la situación de los terrenos ofrecidos.
Durante ese encuentro, organismos provinciales informaron que las gestiones que supuestamente se encontraban en trámite no tenían respaldo administrativo ni legal. Además, se indicó que no existían registros de actuaciones vinculadas al caso ante áreas competentes como Recursos Hídricos ni Tierra y Bienes.
También trascendió que distintas presentaciones judiciales que habrían sido mencionadas para respaldar la operación ya habían sido rechazadas, situación que incrementó las sospechas sobre la existencia de una posible maniobra fraudulenta.
Desde Tierra y Bienes se recomendó expresamente a las personas afectadas realizar las denuncias correspondientes para que la Justicia pudiera investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Otro de los aspectos más preocupantes del caso está relacionado con las características de los terrenos comercializados. Las verificaciones realizadas permitieron establecer que gran parte de los lotes ofrecidos se encuentran ubicados en una zona inundable y considerada no apta para asentamientos permanentes.
Esta situación agrava el perjuicio sufrido por las familias, ya que no solo habrían abonado importantes sumas de dinero por terrenos sin respaldo legal, sino que además se trataría de espacios que no reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos habitacionales.
Mientras avanza la investigación, los fiscales continúan recibiendo información y analizando documentación aportada por los damnificados. No se descarta que la cantidad de denuncias aumente en las próximas semanas a medida que más personas se presenten ante las autoridades.
En ese sentido, desde la Unidad Fiscal reiteraron la convocatoria a quienes consideren haber sido víctimas de maniobras similares para que concurran a la Delegación San Lorenzo con comprobantes de pago, recibos, transferencias, contratos y cualquier otra documentación que permita acreditar la relación mantenida con los investigados.
La causa se encuentra en una etapa de pleno desarrollo y los investigadores buscan determinar con precisión el funcionamiento de la presunta organización, el destino de los fondos recaudados y el grado de participación de cada una de las personas involucradas.
Con un detenido reciente, decenas de denuncias acumuladas y cientos de familias que afirman haber sido perjudicadas, el expediente se perfila como uno de los casos de presunta estafa inmobiliaria más relevantes que actualmente se investigan en la provincia de Salta.
