La ciudad de Tartagal volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras la condena de dos jóvenes que fueron sorprendidos con más de cincuenta envoltorios de cocaína durante un operativo realizado a fines de octubre. El caso, que tuvo una rápida resolución en el marco de un juicio abreviado, refleja la preocupación creciente por el movimiento de estupefacientes en distintas zonas del norte provincial, donde las fuerzas de seguridad y la Justicia vienen intensificando controles y operativos para frenar el avance del narcomenudeo.
El episodio que derivó en la condena ocurrió el 25 de octubre pasado, cuando personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Comunidad El Arca. El operativo formaba parte de una investigación en curso que apuntaba a desarticular la actividad de venta y distribución de sustancias en pequeñas cantidades. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a dos hombres —identificados como Kevin Hilario Centeno y José Fernando Giménez— en posesión de una importante cantidad de envoltorios con cocaína o sus derivados, además de otros elementos vinculados a la causa, como materiales de fraccionamiento, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La intervención derivó en la inmediata detención de ambos jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 2 de Tartagal. Durante la etapa investigativa se recopilaron pruebas que confirmaron la tenencia de estupefacientes, entre ellas las pericias químicas realizadas sobre los envoltorios secuestrados y los informes policiales sobre la situación en la zona. La presencia de la droga fraccionada en pequeñas cantidades fortaleció la hipótesis de que la sustancia estaba destinada al narcomenudeo, una modalidad que se repite de manera constante en distintos barrios del norte salteño.
Con estos elementos, la fiscalía a cargo de Rafael José Medina impulsó la acusación contra Centeno y Giménez como coautores del delito de tenencia de estupefacientes. Ambos declararon en el marco del juicio abreviado, admitiendo su responsabilidad. Esa confesión aceleró la resolución judicial, ya que el procedimiento abreviado implica que los acusados reconocen los hechos y aceptan la pena propuesta.
La jueza Soledad Rodríguez, a cargo de la audiencia, evaluó las pruebas reunidas, la confesión de los imputados, la cantidad de droga secuestrada y las circunstancias del hecho. Finalmente, los condenó a un año de prisión de ejecución condicional, acompañado de reglas de conducta específicas y el pago de una multa económica. Esto significa que no cumplirán la pena en prisión, siempre y cuando respeten las medidas impuestas por el tribunal, entre ellas fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y abstenerse de consumir estupefacientes o cometer nuevos delitos.
El juicio abreviado dejó en evidencia la dinámica que se repite en varias localidades de la provincia de Salta, especialmente en la franja norte donde el tránsito de drogas es una problemática permanente. Tartagal, por su cercanía con la frontera y su conexión con rutas estratégicas, se ha convertido en un punto sensible para las investigaciones. La presencia de cocaína fraccionada en pequeñas dosis sugiere una red de venta que opera a nivel barrial, algo que preocupa a las familias y a las autoridades por el impacto social que genera.
En este contexto, la Justicia provincial viene sosteniendo un enfoque que combina investigaciones rápidas con procedimientos abreviados cuando existen pruebas contundentes y confesión de los acusados. Este mecanismo permite acelerar la respuesta del sistema judicial y evitar que los procesos se extiendan durante años, especialmente en causas de narcomenudeo donde la prueba material suele ser determinante.
La sentencia también abre el debate sobre las condiciones socioeconómicas que atraviesan muchos jóvenes del norte salteño, donde la falta de empleo formal y la vulnerabilidad social pueden convertirse en terreno fértil para que algunos terminen involucrados en actividades vinculadas al tráfico de drogas. Si bien la responsabilidad penal recae en quienes cometen el delito, la problemática de fondo excede lo judicial y pone en primer plano la necesidad de políticas públicas más profundas para prevenir el ingreso de jóvenes a circuitos delictivos.
