La localidad de San Carlos vuelve a ser escenario de un caso grave de violencia institucional que ahora avanzará a juicio. Dos policías salteños —de 43 y 32 años— enfrentarán un debate oral por haber agredido, humillado y detenido de manera arbitraria a un joven a la salida de un local bailable, además de falsificar el informe oficial para justificar su accionar. La decisión se tomó durante la audiencia de admisión de pruebas, presidida por la jueza Norma Beatriz Vera, quien ordenó remitir la causa al área judicial correspondiente para el sorteo del tribunal y la fijación de la fecha del juicio.
La gravedad del caso no solo radica en los golpes y vejaciones denunciadas, sino también en los antecedentes del principal imputado. La madre del joven relató que en 2019 ya había presentado una denuncia contra uno de los oficiales, luego de que este agrediera a su hijo en un episodio similar. Ese antecedente, sumado al relato coherente de la víctima y los indicios recogidos en la investigación, terminó de robustecer la acusación.
De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió a la salida de un boliche en San Carlos. El joven había ido con un amigo y, según su propio relato, estuvieron apenas quince minutos dentro del local. Al retirarse, sintió un golpe en el rostro que lo hizo caer al piso. En ese momento, tres hombres lo tomaron por la fuerza y lo llevaron hacia afuera, donde pudo darse cuenta de que se trataba de policías. Entre ellos reconoció a dos uniformados que lo redujeron sin darle explicación alguna.
El joven insistió en que nunca se resistió, pero aun así uno de los policías continuó golpeándolo incluso cuando ya estaba en el suelo. En medio de la agresión, el uniformado intentó desnudarlo: le quitó la remera y le bajó el pantalón hasta la rodilla. El episodio fue presenciado por personas que estaban en las inmediaciones del boliche y que observaron el nivel de violencia y humillación aplicado sobre el muchacho.
La víctima contó que luego fue cargado en el patrullero, donde las agresiones continuaron. Una vez en la comisaría, lo mantuvieron incomunicado, desabrigado y sin ningún tipo de contención hasta alrededor de las nueve de la mañana, momento en el cual un médico del hospital de San Carlos lo examinó debido a las lesiones que presentaba. La situación, además de insólita, expuso un uso abusivo del poder por parte de quienes deberían garantizar seguridad.
La causa no solo apunta a las vejaciones agravadas, sino también a la falsedad ideológica por parte del segundo policía. En su declaración, el uniformado aseguró que él y su compañero habían sido atacados por un grupo de jóvenes alcoholizados y que por ese motivo habían procedido a detenerlos. Esa versión quedó contradicha por el relato de la víctima y por las pruebas recolectadas, lo que llevó a la imputación formal por haber mentido en un documento oficial con la intención de encubrir la agresión.
Este tipo de maniobras, según fuentes judiciales, constituye un agravante central en causas de violencia institucional, ya que intenta manipular el proceso para garantizar impunidad. La Fiscalía destacó la importancia de avanzar a juicio para que los hechos puedan ser expuestos públicamente y para que la conducta de los policías sea evaluada bajo los estándares de responsabilidad que demanda la función pública.
El caso también generó indignación en San Carlos, una localidad donde la cercanía entre vecinos hace que este tipo de situaciones tenga fuerte repercusión. Para muchas familias, la denuncia expone un problema de larga data: la persistencia de abusos policiales que rara vez llegan a instancia judicial. En este caso, la firmeza de la madre del joven y la decisión del damnificado de seguir adelante con el proceso fueron claves para que la justicia avanzara.
A nivel institucional, la causa encendió alarmas en torno a la necesidad de capacitar al personal policial y reforzar los mecanismos de control interno para evitar que se repitan situaciones de violencia, vejaciones o detenciones arbitrarias. La comunidad de San Carlos, además, exige mayor transparencia en la actuación policial y sanciones ejemplares cuando se demuestran abusos de autoridad.
Con la orden de elevar la causa a juicio, ahora resta que se sortee el tribunal encargado de presidir el debate oral y se fije fecha para el inicio del proceso. Allí se evaluarán todas las pruebas incorporadas en la audiencia, los testimonios, las pericias médicas y la declaración de testigos que estuvieron presentes fuera del boliche. También se contrastará la versión policial con la del joven y con los elementos que la Fiscalía ya presentó.
Mientras tanto, la expectativa de la familia del damnificado es clara: que esta vez la justicia avance hasta las últimas consecuencias y que el caso no quede impune como ocurrió con la denuncia del 2019. La comunidad de San Carlos, por su parte, observa con atención el avance del expediente, consciente de que un fallo ejemplar puede marcar un precedente importante en la lucha contra la violencia institucional en los Valles Calchaquíes.
