La denuncia presentada por la docente Celia Alankay ya dejó de ser solo una acusación aislada y se transformó en una causa que la Fiscalía de Delitos Económicos de Capital deberá desentrañar con lupa.
Lo que empezó como un reclamo personal de una profesora cesanteada abrió una discusión mucho más amplia sobre el funcionamiento interno del sistema educativo salteño, la forma en que se crean y se mantienen ciertos cargos, y el destino concreto de los recursos públicos asociados a ellos.
Alankay sostiene que recibió una documentación que incluía una nómina superior a las 300 personas vinculadas a la Escuela 7160. Cuando intentó verificar la existencia de esa institución, no halló ni edificio escolar, ni alumnos, ni registros que permitieran acreditar una actividad educativa convencional. Según su relato, el domicilio que figura para esa unidad es el de Castañares, donde funciona la Comisaría del Menor. Allí, afirma, no existe ningún establecimiento educativo. “No hay ninguna escuela 7160”, aseguró, y agregó que tampoco aparecen informes psicopedagógicos ni registros en el sistema SINIDE.
La docente contó que la documentación le llegó en un momento especialmente sensible: cuando ella y otros colegas enfrentaban procesos de cesantía que consideran injustos. “Me envían documentación diciendo: ‘Mirá Celia, a ustedes los cesantean injustamente y acá tienen una escuela donde hay más de 300 cargos y entre esos cargos hay personas que no son docentes y funcionarios que cobran sobresueldo’”, relató. A partir de ese momento decidió profundizar la investigación por su cuenta.
En la lista que analizó aparecen, según explicó, integrantes de la Asociación Docente Provincial (ADP), familiares de algunos de ellos, personal administrativo y otros nombres que le resultaron llamativos. Mencionó, por ejemplo, el caso de un liquidador de sueldos que figuraría con doble remuneración y el nombramiento de un joven de apenas 18 años. También señaló que hay docentes que cumplen funciones en el gremio y no en el Ministerio de Educación, pero que de todas formas aparecen en los registros de la 7160.
El abogado de Alankay, Nicolás Vedia, planteó que la investigación judicial deberá ir mucho más allá de confirmar si existe o no un edificio con ese número. El punto central, según sostuvo, es determinar cómo se realizaron las designaciones, bajo qué normas, qué tareas cumplieron realmente las personas incluidas en los listados y cuál fue el destino de los fondos públicos vinculados a esos cargos. La denuncia apunta a posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y defraudación al Estado. Se trata de las figuras penales que los denunciantes pusieron sobre la mesa y que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia.
Desde el Ministerio de Educación sostienen que se trata de personal efectivamente activo y que fue reubicado en distintas dependencias. Esa es, por ahora, la respuesta oficial. Vedia, sin embargo, insistió en que la Fiscalía tendrá que verificar si esa reubicación realmente se produjo, en qué condiciones y con qué justificación administrativa. También anticipó que se ampliará la prueba y que se solicitará la convocatoria de testigos.
El camino de la denuncia no fue lineal. Alankay la presentó primero en Cerrillos. Luego el expediente pasó a la Fiscalía de Delitos Económicos de Capital. Cuando concurrió a esa dependencia, según contó, advirtió que parte de la documentación que había acompañado en el inicio no estaba incorporada al legajo. Su abogado señaló que ahora la fiscalía deberá iniciar la investigación formal, analizar toda la prueba documental disponible y sumar los testimonios que se aporten.
Para Alankay, el caso también expone la situación de muchos docentes cesanteados que, como ella, se sienten vulnerados. “Estamos tratando de llevar a la familia como sea y darnos con esto es sentirnos cada vez más vulnerados”, expresó. Su reclamo es concreto: que se investigue a fondo la documentación, que se determine con claridad quiénes fueron designados, bajo qué criterios y qué función cumplieron realmente, y que se establezca si la Escuela 7160 existió alguna vez como unidad educativa o si se trata de una estructura administrativa que permitió sostener cargos sin la correspondiente actividad escolar.
El caso pone sobre la mesa varias preguntas que trascienden el nombre de una sola institución. ¿Cómo se acumularon más de 300 cargos bajo una misma denominación? ¿Qué controles existieron para verificar que esas personas estuvieran efectivamente prestando servicios educativos? ¿Qué mecanismos se utilizaron para las designaciones y las eventuales reubicaciones? ¿Cuál es el control real que se ejerce sobre las nóminas y los recursos asignados a cada unidad?
En un contexto de fuerte tensión presupuestaria y de reclamos permanentes por parte de los trabajadores de la educación, la transparencia en la asignación de cargos y en el uso de los fondos públicos se vuelve un tema central. La denuncia de Alankay no solo apunta a una posible irregularidad puntual: obliga a revisar prácticas administrativas que, según los denunciantes, pudieron haberse extendido en el tiempo sin el suficiente control.
La Fiscalía de Delitos Económicos ahora tiene la responsabilidad de ordenar la investigación. Deberá citar a los responsables administrativos, analizar los legajos de cada una de las personas que figuran en la nómina, cruzar información con los sistemas de liquidación de haberes y verificar si existieron o no edificios, alumnos y actividades educativas asociadas a la 7160. También tendrá que determinar si las designaciones se ajustaron a la normativa vigente o si se utilizaron mecanismos que permitieron eludir controles.
Mientras tanto, la docente cesanteada y su abogado anunciaron que seguirán aportando pruebas y que ampliarán la denuncia si surge nueva documentación. El caso, que comenzó como una sospecha individual, se convirtió en una causa que pone el foco sobre la administración de recursos en el sistema educativo salteño y sobre la necesidad de contar con información clara y verificable acerca de cada cargo que se financia con fondos públicos.
La investigación apenas comienza. Pero las preguntas que abrió ya están instaladas: qué representa realmente la Escuela 7160, cómo se construyó su nómina y qué destino tuvieron los recursos que se le asignaron. La respuesta, a partir de ahora, está en manos de la Justicia.
Con información de El Tribuno
