El tribunal integrado por la jueza Cecilia Flores Toranzo y los jueces Eduardo Sangar y Leonardo Feaz condenó este 30 de abril de 2026 a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023 en barrio El Tipal, en la ciudad de Salta. La resolución fue unánime y cerró un juicio que se extendió durante meses en el ámbito del Poder Judicial provincial.
La sentencia calificó el hecho como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, encuadrado legalmente como femicidio. Con esa figura penal, el tribunal aplicó la pena máxima prevista por el Código Penal argentino, al considerar acreditada la responsabilidad del acusado como autor material del crimen.
Figueroa ya venía cumpliendo prisión preventiva y continuará detenido en la Unidad Carcelaria N°1 de Salta, según dispuso el fallo. Además, se ordenó garantizar la continuidad de su asistencia psicológica y psiquiátrica dentro del servicio penitenciario, bajo supervisión profesional.
La decisión judicial también incluyó una serie de medidas complementarias habituales en este tipo de causas. Entre ellas, la realización de estudios médicos y genéticos al condenado, la inscripción de sus datos en registros correspondientes y la notificación a organismos judiciales y administrativos provinciales y nacionales.
Otro de los puntos relevantes del veredicto fue la ratificación de restricciones vinculadas a los vínculos familiares del acusado, especialmente en relación con sus hijos menores de edad, cuya situación ya había sido abordada previamente por la Justicia civil. En ese sentido, se mantuvieron las limitaciones de contacto hasta que exista una sentencia firme en el fuero penal.
El fallo también dispuso la remisión de copias del expediente a distintas dependencias judiciales y profesionales para la revisión de actuaciones, así como eventuales investigaciones sobre el desempeño de peritos y profesionales intervinientes durante la etapa de instrucción y el juicio. Estas derivaciones quedaron sujetas a análisis de posibles responsabilidades en el marco del proceso.
En paralelo, el tribunal rechazó algunos planteos de reparación económica solicitados durante el debate, dejando abierta la posibilidad de reclamos en el fuero civil por parte de familiares de la víctima.
La resolución incluye además disposiciones vinculadas a la preservación de pruebas, registros audiovisuales del juicio y comunicaciones formales a organismos como el Registro Nacional de Reincidencia y la Policía de la provincia, una vez que la condena adquiera firmeza.
Con este fallo, la Justicia salteña cerró una de las causas por violencia de género más relevantes de los últimos años en la provincia, reafirmando la figura del femicidio como agravante en delitos contra la vida dentro del marco de relaciones de pareja.
