La localidad de General Mosconi, se encuentra conmocionada tras el inicio de una investigación penal contra un referente de la comunidad wichi, acusado de presunto abuso sexual.
La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, asumió de oficio la causa el pasado miércoles, tras tomar conocimiento de los hechos que revisten gravedad institucional y social.
Con celeridad y rigor procesal, la Fiscalía activó los mecanismos necesarios para esclarecer el caso, priorizando el resguardo de los derechos de las posibles víctimas, en estricto cumplimiento del principio del interés superior del niño. En el marco de las diligencias preliminares, se solicitó la intervención del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC), cuya profesional realizó el jueves una evaluación socioambiental en la comunidad wichi afectada. Los resultados de dicho informe ya fueron incorporados al expediente como elemento de valoración probatoria.
En un acto de respuesta inmediata, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, en conjunto con el Juzgado de Garantías interviniente, ordenó la exclusión del hogar del denunciado, medida que fue notificada formalmente en el día de la fecha. Asimismo, se impusieron medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercamiento y la restricción absoluta de ejercer cualquier forma de violencia —física, verbal o psicológica— contra los menores involucrados. Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones y prevenir cualquier riesgo, se estableció una consigna policial fija en el entorno del domicilio, verificándose que el imputado abandonó la vivienda conforme lo ordenado.
Con miras a avanzar en la investigación, la Fiscalía dispuso la realización de declaraciones testimoniales de los menores, las cuales se llevarán a cabo en los próximos días mediante el dispositivo de Cámara Gesell, respetando los protocolos establecidos para proteger su integridad emocional. Paralelamente, se recepcionará el testimonio de la progenitora, para lo cual se gestiona la intervención de un intérprete cultural y lingüístico que asegure su plena comprensión y participación en el proceso.
La investigación, que se desarrolla con absoluto apego a los principios de celeridad y protección integral, cuenta con la intervención de la Asesoría de Incapaces y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Estas instituciones trabajan de manera articulada para garantizar una respuesta sistémica que priorice la seguridad y el bienestar de los niños involucrados.
El caso, que ha generado profunda consternación en la comunidad, se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, con el compromiso de las autoridades de esclarecer los hechos y garantizar justicia en un marco de respeto a los derechos humanos de todas las partes.
