La investigación por la presunta estafa con venta de terrenos en San Lorenzo sumó un capítulo clave con la creación de una unidad fiscal específica para abordar el caso. La medida busca dar respuesta a más de 40 denuncias de personas que aseguran haber sido engañadas al adquirir lotes ubicados en una zona inundable y sin condiciones para asentamientos.
El eje del conflicto está en terrenos cercanos al río Arias, donde familias en situación de vulnerabilidad habrían sido convencidas de comprar parcelas bajo promesas de regularización que nunca se concretaron. Según lo que surge de las presentaciones judiciales, los lotes no solo carecen de habilitación, sino que además están catalogados como inhabitables por su condición geográfica.
La causa tomó impulso tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, que comenzó a reunir pruebas luego de la denuncia inicial de uno de los damnificados. A partir de allí, se fueron sumando testimonios que describen un mismo patrón: ofrecimientos de asesoramiento legal, cobros por supuestas gestiones y la promesa de acceso a la tierra que jamás se cumplió.
De acuerdo a los relatos, la maniobra se habría iniciado en 2023, luego de un desalojo en la ribera del río. En ese contexto, el abogado Santiago Pedroza se presentó ante las familias afectadas ofreciendo soluciones legales para acceder a los terrenos. Para avanzar con los trámites, solicitaba poderes de representación y pagos que, con el tiempo, se volvieron cada vez más elevados.
Durante 2024 y 2025, los damnificados aseguran haber entregado sumas que iban desde los 10 mil hasta los 450 mil pesos. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, sin comprobantes formales ni respaldo documental claro. Con el correr de los meses, las promesas no se concretaron y comenzaron a surgir sospechas.
Las autoridades confirmaron que no existían gestiones oficiales en curso ni resoluciones judiciales favorables vinculadas a esos terrenos. Este dato fue determinante para reforzar la hipótesis de una maniobra fraudulenta que habría aprovechado la necesidad de muchas familias de acceder a un lote propio.
El caso también tuvo repercusiones en el ámbito profesional. El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta avanzó con una denuncia de oficio contra Santiago Pedroza y solicitó la suspensión preventiva de su matrícula, en medio de cuestionamientos por presuntas faltas éticas vinculadas a su accionar en esta situación.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la condición de los terrenos. Informes oficiales indican que se trata de una zona inundable, lo que impide cualquier tipo de desarrollo habitacional. Esto agrava el panorama de los damnificados, que no solo perdieron dinero, sino que además no tienen posibilidad de construir ni regularizar su situación.
En San Lorenzo, el impacto social es evidente. Muchas de las familias afectadas quedaron en una situación aún más precaria, luego de haber invertido ahorros en una operación que no tenía sustento legal. La incertidumbre y la bronca conviven con la expectativa de que la investigación avance y determine responsabilidades.
La unidad fiscal ahora trabaja en la recolección de pruebas y en la ampliación de testimonios. En ese marco, se convocó a otras posibles víctimas a presentarse con documentación que permita fortalecer la causa. El objetivo es reconstruir el circuito de la maniobra y establecer con claridad cómo se llevaron adelante las operaciones.
El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de controles más estrictos sobre la venta de terrenos, especialmente en zonas vulnerables o con antecedentes de ocupaciones irregulares. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y las familias esperan respuestas concretas de la Justicia.
